El Tribunal Constitucional mantiene que la custodia compartida podrá concederse con la oposición del fiscal

El Tribunal Constitucional ha decidido anular, en una sentencia hecha pública ayer y con fecha de 17 de octubre, el requisito del informe favorable del Ministerio Fiscal para conceder la custodia compartida cuando no exista acuerdo por parte de los dos progenitores, declarando inconstitucional y nula parte del contenido del artículo 92.8º del Código Civil.

El objeto de la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Roca Trías -quien, en su paso por el Supremo, ya dictaminó que la custodia compartida debía ser la solución “más normal”-, es la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria en relación al artículo 92.8º del Código Civil.

En concreto, dicho artículo dispone que, “excepcionalmente”, aun cuando no exista acuerdo de los padres para solicitar la guarda y custodia compartida, el juez, a instancia de una de las partes y con el informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar esta medida. Es decir, el juez sólo puede conceder la custodia compartida si el fiscal informa favorablemente.

A juicio del órgano recurrente, este artículo resulta incompatible con la plenitud y exclusividad de que gozan los jueces y tribunales en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, a lo que se suma que no existe ninguna norma civil, incluso en Derecho de familia o protector de intereses de los menores o incapaces, que haya establecido que el informe vinculante del Ministerio Público pueda limitar el poder de decisión de los jueces y tribunales.

Oposición interna

Del lado del abogado del Estado y del Fiscal General del Estado se pidió la desestimación del recurso, por entenderse que, en estos supuestos, la intervención del Ministerio Fiscal no limita en absoluto la potestad jurisdiccional, ya que “el fiscal actúa con las funciones que tiene encomendadas constitucionalmente de defensa de la legalidad y velando por el interés superior del menor”.

El fallo, al contrario, considera que la razonabilidad de la norma enjuiciada quiebra al exigirse de informe favorable del fiscal, limitándose “injustificadamente” la potestad del juez. Además, se argumenta que, mientras que el fallo judicial es recurrible, el informe desfavorable del Ministerio Fiscal no lo es, lo que vulnera gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia cuenta, en todo caso, con el voto particular del magistrado Aragón Reyes, al que se adhieren los magistrados Pérez Tremps, Asua Batarrita y Ollero Tassara, quienes optan por desestimar.

Fuente: El Economista. es

Leer más

Los contratos con clausulas complejas los considera nulos la Audiencia de Asturias

Contrato nulo de permuta. APA, 16-07-2012

Contrato nulo por haber concurrido vicio invalidante del consentimiento prestado por la demandante. Incumplió la entidad bancaria demandada su deber de información. Siendo un producto complejo y especulativo, no informó a la actora del comportamiento y riesgos del mismo, creyendo ésta que contrataba un seguro contra la subida de tipos de interés que pudieran incidir en el préstamo hipotecario que se le había concedido.
La falta de información adecuada impidió a la demandante prestar un consentimiento cabal. La recepción de liquidaciones no implica confirmación del contrato. La cláusula de sumisión a arbitraje es abusiva. Causa, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato. No consta probado que hubiera sido expresa e individualmente negociada con el consumidor.
La Audiencia Provincial de Asturias desestima el recurso de apelación confirmando la sentencia de instancia que estimó la acción de nulidad del contrato de permuta financiera por concurrir vicio invalidante del consentimiento.

Fuente: Disjurex

Leer más

Siete jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios español

Proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los sobreendeudados.

Desde 2008, año en que comenzó la crisis, hasta hoy se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Cada día ocurren nuevos desahucios y el drama social de esta situación preocupa a los jueces.

Por esta razón el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargó un informe detallado a siete magistrados, informe que será analizado hoy por el órgano rector de los jueces. En él se denuncian los abusos en el sistema legal de desahucios y se critica la “mala praxis” de las entidades bancarias.

Estos siete jueces atacan los abusos que ampara el marco legal de desahucios en España y de paso recuerdan que el sistema de cobro de créditos hipotecarios que está vigente hoy en nuestro país fue creado en 1909.

La “mala praxis” de los bancos

El informe, al que tenido acceso el diario El País, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone medidas que protejan a las familias que se encuentran al borde del desahucio.

Los jueces reclaman que las ayudas del Estado a la banca se extiendan al cliente sobreendeudado, siempre que éste lo sea de buena fe, ya que “en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”, dice textualmente el informe.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Las conclusiones del texto acusan a la banca de una ligereza desmesurada a la hora de conceder crédito hipotecarios de forma generalizada “sin valorar las posibilidades reales del deudor”. En concreto se afirma que realizaron una “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos… (participaciones preferentes)”.

El informe afirma que las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en los últimos cuatro años y sólo en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año anterior. Los autores destacan que desde 2008 se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España y recuerdan que “no se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos,” no pueden pagar lo que deben.

Se necesitan “soluciones excepcionales”

Los siete jueces analizan la situación. Tras una ejecución hipotecaria el inmueble se adjudica al banco y “generalmente por un precio inferior al mercado” aumentando así los activos inmobiliarios de la entidad. Una vivienda más que seguramente no se ocupará en años ya que con la actual crisis económica ha descendido la demanda de pisos.

¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? La comisión de jueces propone un debate serio sobre el tema y piden “soluciones excepcionales” ante la situación excepcional que vive hoy la economía española.

En concreto, el informe presenta 18 medidas. Entre ellas los jueces proponen acuñar el término de “deudor hipotecario de buena fe” para añadir cambios en el marco jurídico que beneficien a aquellos que realmente lo necesiten.

Solicitan que el juez pueda otorgar moratorias para aplazar el pago de cuotas en casos concretos como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad. También piden que la dación en pago se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”: con la entrega de la vivienda se cancelaría el crédito.

Los jueces piden un mayor protagonismo para los hipotecados y plantean introducir mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing. También reclaman la creación de comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores.

El Código de Buenas Prácticas: un fracaso

En informe critica también el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. Los jueces aseguran que esta medida estrella del Gobierno ha fracasado, entre otras cosas, porque era algo voluntario. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”, se queja el informe.

Fuente: El Economista. es

Leer más

UGT teme un aumento de despidos en el sector público próximamente

UGT teme que se produzca un aumento de despidos en el sector público español próximamente, ya que prevé que el Gobierno apruebe un Real Decreto con el Reglamento de Despido Colectivo, “que permite que se presenten Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en las administraciones públicas sin apenas trabas, liberalizando las causas y dando a las entidades la potestad de despedir casi sin justificar nada”.

 

En un comunicado, la Federación de Servicios Públicos del sindicato explica que este cambio legislativo “facilitará el despido en las administraciones, por lo que el recorte del empleo se extenderá a otros colectivos con trabajo estable”.

Para UGT, esta modificación “agravará la mala situación de un sector que ya ha registrado una pérdida de afiliación a la Seguridad Social de 220.472 personas entre enero y septiembre de este año”.

La federación denuncia un “ensañamiento” del Gobierno con el personal laboral del sector público “al impedir legalmente la aplicación de medidas menos dañinas para el empleo, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o la reducción de jornada”.

En este sentido, el sindicato asegura que la intención última del Ejecutivo “no es en ningún caso una mejor gestión en los servicios públicos, sino el recorte de empleo”.

Fuente: El Economista.com

Leer más

Sociedades: ¿Tengo que pagar más por los pagos fraccionados?

¿Tengo que pagar más por los pagos fraccionados?

Sólo para las grandes empresas y para los pagos fraccionados cuyos plazos de  declaración se inicien a partir del 15 de julio de 2012 , correspondientes a  períodos impositivos iniciados dentro de los años 2012 y 2013 (que afectarán por  tanto al segundo y tercer pago fraccionado de 2012 y los tres pagos fraccionados  de 2013).

Con carácter general

En la base del pago fraccionado se ha de incluir el 25% del importe de los dividendos y las rentas devengadas a las que resulte de aplicación la exención por rentas de fuente extranjera.

Para grandes empresas

Con un importe neto de la cifra de negocio en los doce meses anteriores a los citados períodos impositivos de al menos 10.000.000 de euros, los porcentajes aplicables para la determinación del pago son los siguientes:

• Si el importe neto de la cifra de negocios es de al menos 10.000.000, pero inferior a 20.000.000 de euros: quince veinteavos del tipo de gravamen redondeado por exceso. Si el tipo de gravamen aplicable a la entidad es el general, el porcentaje del pago fraccionado es del 23%. • Si el importe neto de la cifra de negocios es de al menos 20.000.000, pero inferior a 60.000.000 de euros: diecisiete veinteavos del tipo de gravamen redondeado por exceso. Si el tipo de gravamen aplicable a la entidad es el general, el porcentaje del pago fraccionado es del 26%. • Si el importe neto de la cifra de negocios es de al menos 60.000.000 de euros: diecinueve veinteavos del tipo de gravamen redondeado por exceso. Si el tipo de gravamen aplicable a la entidad es el general, el porcentaje del pago fraccionado es del 29%.

Atención. Se incrementa el importe mínimo a ingresar para aquellas entidades que en los doce meses anteriores hayan tenido una cifra neta de negocios de al menos 20.000.000 de euros en los siguientes términos:

• Con carácter general se establece en el 12% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres, nueve, u once primeros meses de cada año natural, o, para sujetos pasivos cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo.

Atención. Se minora exclusivamente en el importe de los pagos fraccionados realizados con anterioridad, es decir, no se tienen en cuenta ni las bases imponibles negativas pendientes de compensar por los sujetos pasivos ni las retenciones e ingresos a cuenta soportados. • El porcentaje es del 6% para aquellas entidades en las que al menos el 85% de los ingresos de los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural, correspondan a rentas a las que resulte de aplicación las exenciones para evitar la doble imposición internacional de participaciones o establecimientos permanentes o la deducción por doble imposición interna de dividendos al 100%.

El tipo aplicable (caso de tributar la sociedad al tipo general del 30%) en los pagos a cuenta será del 23% para las empresas que facturen 10.000.000 pero menos 20.000.000 de euros, y del 26% para las que facturen 20.000.000 pero menos de 60.000.000 de euros. Para las que facturen 60.000.000 de euros el porcentaje se eleva hasta el 29%.

Fuente: Disjurex

Leer más

BUFETE APORTA & ASOCIADOS
C/ Santa Engracia 128, 1º C
28003 - MADRID
Tlfs: 914 417 922 / 55 - Fax: 913 991 780
correo@bufeteaporta.es