El Gobierno rebaja un 15% las prestaciones a cuidadores familiares de personas dependientes

El patrimonio protegido de las personas con discapacidad no se incluirá en el cálculo del copago para los servicios residenciales.

La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia prevista por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que ultima el Gobierno recoge un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, así como una revisión de su régimen de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de nuevos requisitos para acceder a estas ayudas.

Así lo han acordado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los responsables autonómicos del ramo en el Consejo Territorial de Dependencia, que ha ultimado el borrador de la reforma de la ley y definido el Real Decreto que modificará las condiciones actuales de copago de los usuarios de dependencia, elevando su aportación e introduciendo el patrimonio en el cálculo de su capacidad económica. La intención es que ambas normas se aprueben este viernes en Consejo de Ministros.

Sobre los cuidadores familiares, se reduce un 15% la cuantía máxima que pueden percibir y se deja libertad a las comunidades autónomas para fijar el importe en cada uno de sus territorios, por lo que en las mismas circunstancias, dos personas podrían cobrar distinto en función de su lugar de residencia. Además, estos cuidadores no profesionales deberán “cumplir con unos conocimientos básicos para atender a la persona dependiente y convivir con ella”, según los nuevos “requisitos” anunciados por Mato.

En cuanto a sus cotizaciones a la Seguridad Social, el director general del IMSERSO, Cesar Antón, ha señalado que “se revisarán con el Ministerio de Empleo para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de estos cuidadores”. Mientras no exista esta normativa, los cuidadores que se incorporen al sistema estarán sometidos a una suerte de “régimen transitorio” que aún está por definir, conforme ha señalado. Por su parte, quienes están ya dados de alta, seguirán como hasta ahora.

Otra de las novedades de la reforma es la modificación de las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. Una vez en vigor, ,el dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.

En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se eliminan los niveles con los que se clasificaba a los usuarios en función de su gravedad dentro de un mismo grado de dependencia y se pospondrá hasta 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, quienes tienen una dependencia moderada. “Mientras tanto, serán atendidas en la red de servicios sociales”, ha dicho la ministra.

Asimismo, Mato ha señalado que se establecerán “criterios mínimos y básicos” para todas las comunidades autónomas “tanto en la solicitud como en el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a recibir la prestación”, aunque no ha especificado cuales. Sí ha señalado que se ampliará la posibilidad de facilitar la prestación por asistente personal a todos los grados, ya que se trata de promover los cuidados profesionales, no necesariamente fuera del ámbito del domicilio.

En este sentido, Antón ha señalado que para promover los servicios se establecerá un sistema de financiación por el que se repartirá el 90% del fondo estatal en función del número de dependientes atendidos (como hasta ahora) y el diez por ciento restante atendiendo a las autonomías que tengan más usuarios atendidos de este modo. Esta proporción se irá ampliando durante los próximos cinco años hasta destinar al final la mitad de los fondos a cada concepto.

La vivienda, como garantía para las residencias

Por otra parte, el Consejo ha visto el Real Decreto que revisará al alza el copago de los usuarios del Sistema de Dependencia, y que ha sido modificado respecto del borrador inicial. El Gobierno había propuesto que empezaran a pagar por los servicios quienes ganasen a partir de un 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros al mes para 2012. Finalmente, quienes ingresen menos de esta mensualidad estarán exentos de copago.

Si se mantiene la previsión de que la vivienda habitual se tenga en cuenta para calcular la capacidad económica del dependiente que solicite una plaza residencial, de manera que la cantidad que deba abonar se habrá estimado calculando no sólo sus ingresos, como hasta ahora, sino también su patrimonio. Antón ha concretado que las comunidades que tengan reconocimiento de deuda –el dependiente responde con su casa del importe que le corresponda pagar por la residencia– podrán aplicarlo, aunque no es una iniciativa planteada por el Gobierno ni recogida en el decreto.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impugnó este precepto de la Ley de Dependencia por considerar que la vivienda de una persona con discapacidad no podía entrar como parte de su renta a la hora de optar a una ayuda pública. Antón ha concretado que en la reforma quedará exento el patrimonio protegido de estas personas, que no será tenido en cuenta en el cálculo de su capacidad económica.

Además, ha apuntado que este copago será “progresivo” hasta un máximo del 90% del precio del servicio, que se basará en la capacidad económica del dependiente, en el servicio que esté recibiendo y que no supone un empeoramiento generalizado para todos los usuarios, ya que los habrá de rentas bajas que seguirán sin pagar nada, mientras las rentas altas “tendrán que aportar más”.

Fuente: El Derecho.com

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