El Tribunal Supremo anula una baja voluntaria al haberse firmado bajo coacciones de la empresa

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del despido y la readmisión en el puesto de trabajo de un empleado de la Caja Rural de Toledo que denunció haber firmado en febrero de 2010 una baja voluntaria bajo coacciones de la empresa.

El empleado presentó una denuncia por amenazas y coacciones contra seis directivosLa Sala de lo Social del TS ha rechazado el recurso presentado por la entidad financiera contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaró nulo el despido de Julio D.P. por vulnerar derechos fundamentales.

El empleado Julio D.P presentó una denuncia por un delito de amenazas y coacciones contra seis directivos de Caja Rural de Toledo que el 15 de febrero de 2010 –alegó el trabajador– le presionaron para firmar su baja voluntaria de la empresa en la que trabajaba desde 1991.

Según el denunciante, ese día durante su jornada de trabajo fue llamado a un despacho donde los seis directivos le “conminaron” a que suscribiera la baja “sin dar más explicaciones” y le advirtieron de que si no lo hacía se vería envuelto “en un procedimiento judicial con responsabilidades penales”, sin darle “en ningún momento” ocasión para defenderse.

Miedo a perder el trabajo

Asimismo alegó que, “presa de una fuerte ansiedad” debido al miedo a perder su trabajo, ya que tiene cuatro hijos menores, suscribió uno de los documentos que le facilitaron “bajo una coacción total” de los representantes de la empresa “y en un estado anímico en el que no era dueño” de sus actos.

Por su parte, la dirección de Recursos Humanos de la empresa aseguró que dicha reunión se celebró para esclarecer las “graves irregularidades” cometidas por el empleado en operaciones de crédito que incumplían la normativa.

Según la empresa, en esa reunión se informó a Julio D.P. de que se iba a proceder a una suspensión cautelar de empleo por plazo de una semana a fin de tener un conocimiento más profundo del alcance de los hechos. Aseguró también que en dicho encuentro solicitó “libre y voluntariamente” la baja voluntaria de la empresa.

Despido nulo

El 3 de marzo el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Toledo celebró un acto de conciliación con el resultado de “sin avenencia”.

Finalmente, tras acudir a los tribunales ordinarios, el 24 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha rechazó el recurso de la Caja Rural de Toledo a la sentencia del Juzgado de lo Social numero 2 de Toledo y declaró nulo el despido por “vulnerador de derechos fundamentales”.

Los magistrados del TS corroboran ahora en la sentencia, de la que es ponente Aurelio Desdentado, dicha decisión y condenan a la Caja Rural a la “inmediata readmisión” del empleado a su puesto de trabajo en las mismas condiciones y con el abono de todos los salarios dejados de percibir desde el 15 de febrero de 2010.

Fuente: Jurismadrid.com

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Novagalicia recibe la primera sentencia contra las participaciones preferentes

El Juzgado número 1 de Cambados (Pontevedra) ha dictado la primera sentencia contra las participaciones preferentes al estimar “íntegramente” la demanda interpuesta por un afectado, J.L.C.M., frente a Novagalicia Banco, declarando “nulo” el contrato de compra de valores realizado en 2008, de forma que la entidad financiera deberá abonar 7.560 euros más los intereses al denunciante.

La titular del juzgado número 1 de esta localidad, Olga Martín, considera queda probado que el demandante “no fue debidamente informado de las características de riesgo alto y posible iliquidez que presentaba el producto en cuestión”.

Además, considera que “en ningún momento se le manifestó que el contrato suscrito tenía un vencimiento a 31 de diciembre del 2050, y que si lo hubiera sabido nunca lo hubiera firmado”.

El demandante, un empleado de almacén que según consta en la sentencia “carece de profundos conocimientos en materia

financiera”, era desde hacía años cliente de la antigua Caixanova y que acudió a su oficina bancaria para constituir un depósito de 10.000 euros que tenía ahorrados.

“El director de la sucursal de Dena le ofreció contratar un tipo de depósito de alta rentabilidad que le permitía disponer de su dinero en todo momento y en el que no existían riesgos”, según recoge la sentencia. De hecho, cuando el 29 de mayo el demandante decidió retirar parte de su dinero, 2.400 euros para comprar un coche, “lo pudo realizar sin ningún tipo de problema o alegación por parte de la entidad”.

Sin embargo, posteriormente ante las dificultades para retirar los 7.560 euros que le quedaban en preferentes, el demandante optó por acudir a los tribunales.

Novagalicia Banco, por su parte, sostiene que el cliente conocía la naturaleza del producto que había adquirido ya que se le entregó un tríptico del folleto informativo, que percibió puntualmente los rendimientos de las participaciones suscritas y que realizó el “test de idoneidad”.

Oferta engañosa del producto

Sin embargo, la jueza de Cambados concluye que “el cliente no fue informado de una forma directa y comprensible de las verdaderas características del producto contratado, que era de alto riesgo, y se ofertó a un cliente calificado como conservador, que nunca había realizado operaciones de esa naturaleza y que carece por completo de conocimientos mínimos en materia financiera”.

“Siendo que la posibilidad de liquidez inmediata fue determinante para que el demandante suscribiera el contrato y que al demandante se le ofertó engañosamente un producto que supuestamente alcanzaba estas condiciones, pero ello no era cierto, contribuye a alcanzar la conclusión de que hubo información no veraz en la suscripción del contrato”.

Además resalta que en las mismas condiciones del contrato suscrito, del que se facilitó una copia al demandante, figura “en la cláusula relativa a su duración, que su vigencia es indefinida y que cualquiera de las partes podrá instar unilateralmente su finalización mediante un preaviso de 15 días, lo cual es eminentemente falso”, según la sentencia.

Por todo ello, la jueza declara nulo el contrato de compra de estos valores “por error del consentimiento” y condena al banco a asumir las costas del proceso. La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los afectos piden unión

Afectados por la venta del producto financiero conocido como participaciones preferentes han insistido este domingo en la necesidad de que se dé “una solución para todos juntos”. “Nuestro criterio es que tiene que haber una solución colectiva”, apuntan portavoces de afectados por este producto bancario de Vigo y Cangas, en declaraciones a Europa Press.

Así, Luciano Villar, de la plataforma de O Morrazo, ha insistido en que la vía judicial tiene que ser “el último recurso” para esta solución que, a su juicio, tiene que ser “colectiva” y pasa por la “vía política”.

A este respecto, explica que acudir a la Justicia puede dejar atrás, sin una solución, a algunos afectados, y por lo tanto “perjudicar” a parte de las personas que adquirieron este producto en función del fallo emitido. Por eso, para las plataformas, es necesario que se pueda llega a una fórmula “colectiva”.

Luciano Villar entiende que “tienen que ser modificadas las leyes” porque con la actual legislación no es posible la fórmula de la devolución de las preferentes de forma colectiva, de ahí que insista en que hay que darle una solución “política”.

Fuente: Jurismadrid

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Una nueva sentencia judicial pone otra vez en entredicho las cláusulas suelo de las hipotecas

En las últimas semanas el euríbor ha marcado mínimos. Sin embargo, no todas las familias que están pagando una hipoteca se pueden ver favorecidos. Y es que muchas de ellas (casi 4 millones) tienen cláusula suelo, ese límite que protege al banco de las

De la discutible legalidad de las cláusulas suelo de las hipotecas dan cuentas las numerosas sentencias judiciales en su contra. La última llega de Vitoria, donde un juez ha condenado a Caja Rioja, entidad integrada en Bankia, a devolver a una clienta 3.872 euros más los intereses que le cobró por aplicar la cláusula suelo en un préstamo hipotecario con un tipo de interés diferente al que se había contratado inicialmente.

El juez considera que la entidad actuó de manera “unilateral y arbitraria”La clienta adquirió una vivienda en Miranda de Ebro (Burgos) y se subrogó en julio de 2006 el préstamo concedido por Caja Rioja al constructor, con un tipo de interés pactado del euríbor más el 0,5%. Desde agosto de 2009, la caja comenzó a aplicar un tipo mínimo del 3% a dicho préstamo por la cláusula suelo, lo que perjudicaba económicamente a la consumidora.

El juez considera que la entidad actuó de manera “unilateral y arbitraria” y condena a la entidad a abonar a la clienta 3.872 euros más los intereses de las cantidades cobradas indebidamente entre agosto de 2009 y marzo de 2012.

La sentencia ha sido dada a conocer por la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), que formuló la demanda judicial en defensa de los intereses de la consumidora, y que ha valorado el fallo porque ampara judicialmente los “legítimos intereses” de los consumidores y protege los derechos de los usuarios de los servicios bancarios.

Suelo y techo de las hipotecas

Las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios fijan un límite a la bajada de los tipos de interés sin prever en el contrato un límite para la subida de los mismos.

También ponen un “suelo”, pero es tan alto (10 o 12%) que es ficticioLas entidades bancarias ponen un “suelo” a sus contratos y, para que no sea descaradamente abusivo, un “techo” (tipo máximo del que no podrá subir), pero éste es tan alto que es ficticio, ya que es casi imposible que alcance esos márgenes: 10 o 12%.

Pendiente está la demanda colectiva por las claúsulas suelo de las hipotecas contra un centenar de entidades bancarias, impulsada por Adicae. En septiembre del 2011, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid la admitió.

Un total de 15.598 particulares se han personado en esta demanda colectiva. En su mayoría, 14.618 afectados, lo han hecho a mediante la organización de consumidores, mientras que el resto, unos 980, lo han hecho a través del despacho de abogados Unive o de letrados particulares.

Según la demanda colectiva, en un 40% de los casos las cláusulas suelo obligan a pagar a los hipotecados un interés superior al 3,5%, mientras que en otro 43% los tipos mínimos oscilan entre el 3% y el 3,5%.

Fuente: Jurismadrid

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Condenada una mujer a pagar 4.800 euros por presentar una denuncia falsa contra su ex marido

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón que condena a una mujer a una multa de 4.800 euros, equivalente a 16 meses con un cuota diaria de 10 euros, por presentar una denuncia falsa en la que acusaba a su ex marido de insultarla y zarandearla.

Así, la sala desestima un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, en el que pide que la mujer sea absuelta del delito por el que ha sido condenada, alegando error en la apreciación de las pruebas y la desproporción en la aplicación de la cuota diaria de la pena.

La sentencia declaró como probado que la acusada, con ánimo de faltar a la verdad, presentó denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Castellón en la que aseguraba que su ex marido había acudido a su lugar de trabajo, un videoclub, y, tras discutir con ella e insultarla, la agarró de los brazos y la zarandeó, al tiempo que le dijo que prendería fuego al establecimiento.

Fuente: Jurismadrid

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El Gobierno rebaja un 15% las prestaciones a cuidadores familiares de personas dependientes

El patrimonio protegido de las personas con discapacidad no se incluirá en el cálculo del copago para los servicios residenciales.

La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia prevista por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que ultima el Gobierno recoge un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, así como una revisión de su régimen de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de nuevos requisitos para acceder a estas ayudas.

Así lo han acordado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los responsables autonómicos del ramo en el Consejo Territorial de Dependencia, que ha ultimado el borrador de la reforma de la ley y definido el Real Decreto que modificará las condiciones actuales de copago de los usuarios de dependencia, elevando su aportación e introduciendo el patrimonio en el cálculo de su capacidad económica. La intención es que ambas normas se aprueben este viernes en Consejo de Ministros.

Sobre los cuidadores familiares, se reduce un 15% la cuantía máxima que pueden percibir y se deja libertad a las comunidades autónomas para fijar el importe en cada uno de sus territorios, por lo que en las mismas circunstancias, dos personas podrían cobrar distinto en función de su lugar de residencia. Además, estos cuidadores no profesionales deberán “cumplir con unos conocimientos básicos para atender a la persona dependiente y convivir con ella”, según los nuevos “requisitos” anunciados por Mato.

En cuanto a sus cotizaciones a la Seguridad Social, el director general del IMSERSO, Cesar Antón, ha señalado que “se revisarán con el Ministerio de Empleo para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de estos cuidadores”. Mientras no exista esta normativa, los cuidadores que se incorporen al sistema estarán sometidos a una suerte de “régimen transitorio” que aún está por definir, conforme ha señalado. Por su parte, quienes están ya dados de alta, seguirán como hasta ahora.

Otra de las novedades de la reforma es la modificación de las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. Una vez en vigor, ,el dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.

En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se eliminan los niveles con los que se clasificaba a los usuarios en función de su gravedad dentro de un mismo grado de dependencia y se pospondrá hasta 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, quienes tienen una dependencia moderada. “Mientras tanto, serán atendidas en la red de servicios sociales”, ha dicho la ministra.

Asimismo, Mato ha señalado que se establecerán “criterios mínimos y básicos” para todas las comunidades autónomas “tanto en la solicitud como en el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a recibir la prestación”, aunque no ha especificado cuales. Sí ha señalado que se ampliará la posibilidad de facilitar la prestación por asistente personal a todos los grados, ya que se trata de promover los cuidados profesionales, no necesariamente fuera del ámbito del domicilio.

En este sentido, Antón ha señalado que para promover los servicios se establecerá un sistema de financiación por el que se repartirá el 90% del fondo estatal en función del número de dependientes atendidos (como hasta ahora) y el diez por ciento restante atendiendo a las autonomías que tengan más usuarios atendidos de este modo. Esta proporción se irá ampliando durante los próximos cinco años hasta destinar al final la mitad de los fondos a cada concepto.

La vivienda, como garantía para las residencias

Por otra parte, el Consejo ha visto el Real Decreto que revisará al alza el copago de los usuarios del Sistema de Dependencia, y que ha sido modificado respecto del borrador inicial. El Gobierno había propuesto que empezaran a pagar por los servicios quienes ganasen a partir de un 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros al mes para 2012. Finalmente, quienes ingresen menos de esta mensualidad estarán exentos de copago.

Si se mantiene la previsión de que la vivienda habitual se tenga en cuenta para calcular la capacidad económica del dependiente que solicite una plaza residencial, de manera que la cantidad que deba abonar se habrá estimado calculando no sólo sus ingresos, como hasta ahora, sino también su patrimonio. Antón ha concretado que las comunidades que tengan reconocimiento de deuda –el dependiente responde con su casa del importe que le corresponda pagar por la residencia– podrán aplicarlo, aunque no es una iniciativa planteada por el Gobierno ni recogida en el decreto.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impugnó este precepto de la Ley de Dependencia por considerar que la vivienda de una persona con discapacidad no podía entrar como parte de su renta a la hora de optar a una ayuda pública. Antón ha concretado que en la reforma quedará exento el patrimonio protegido de estas personas, que no será tenido en cuenta en el cálculo de su capacidad económica.

Además, ha apuntado que este copago será “progresivo” hasta un máximo del 90% del precio del servicio, que se basará en la capacidad económica del dependiente, en el servicio que esté recibiendo y que no supone un empeoramiento generalizado para todos los usuarios, ya que los habrá de rentas bajas que seguirán sin pagar nada, mientras las rentas altas “tendrán que aportar más”.

Fuente: El Derecho.com

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