Custodia compartida: De nuevo el Tribunal Supremo la concede por falta de motivación en la denegación de ésta

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2012, de la que ha sido Ponente, Doña Encarnación Roca, ha anulado la Sentencia de la Audiencia Provincial por falta de motivación para denegar la custodia compartida, pues no tiene en cuenta más que de forma retórica el interés del menor. El alto tribunal acoge este modelo de custodia atendiendo a las circunstancia de los progenitores, al informe favorable del Ministerio Fiscal y del equipo técnico.

Leer más

Abogados y periodistas reconocen un abuso del secreto de sumario por los jueces

Ambos colectivos coinciden con la posición del ministro de Justicia anunciada ayer en el encuentro “La presunción de inocencia y los juicios paralelos”, organizada por la Fundación Fernando Pombo y la UIMP en Santander.

Abogados y periodistas se han puesto de acuerdo en que los jueces instructores prolongan de manera abusiva los periodos de secreto de sumario. En una mesa redonda del encuentro “La presunción de inocencia y los juicios paralelos”, que organizan la Fundación Fernando Pombo y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), han dado la razón al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien en el mismo foro abogó ayer por una limitación acotada en el tiempo del secreto sumarial.

Los miembros de la mesa se han mostrado favorables a limitar en la próxima Ley de Enjuiciamiento Criminal el período de secreto, prorrogándolo en casos excepcionales como en causas relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico o delitos financieros, que requieren posiblemente de más tiempo para llevar a cabo la investigación. Asimismo, reconocieron estar de acuerdo con que no sea el propio juez instructor el que determine la prórroga sino que sea otro órgano el que tome la decisión de manera independiente e imparcial, una vez tenga todos los informes sobre el caso.

Aún así, ha habido divergencias sobre la conveniencia o no de difundir información cuando el secreto está vigente. El abogado y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Luis Rodríguez Ramos, ha afirmado que “es evidente que es mucho más fácil la independencia e imparcialidad de los tribunales si no trasciende el contenido de las actuaciones, pero hay que tener en cuenta que el quebranto del secreto del sumario no solo puede afectar al juez sino que afecta directamente a la defensa que, durante el proceso, tiene que defender al imputado, no solo ante los tribunales sino también ante los medios de comunicación”.

Por su parte, Maria Peral Parrado, periodista del diario El Mundo, afirmó que “es imposible mantener a los ciudadanos desinformados en procesos judiciales de peso y algunos se han dado cuenta de que hay que proporcionar las resoluciones relevantes, siempre que no perturben la investigación, para no tergiversar o producir y perpetuar errores”. Peral, de todos modos, señaló que “en algunas informaciones se están produciendo una desmesura, hecho que pone de manifiesto que muchos periodistas realizan su labor como si los derechos fundamentales no existieran”. La periodista ha sido muy crítica con los propios colegas de profesión que traspasan ciertos límites y ha exigido sanciones públicas.

El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda ha afirmado que “en el momento de la instrucción de un procedimiento penal, cuando se produce un juicio paralelo, se va creando una verdad de artificio e incluso se llegan a unas conclusiones que se alejan de la verdad y luego es muy difícil ante la opinión pública que se cambie de dirección”.

Por su parte, el periodista del diario El País, José Yoldi García, ha recordado que “la única función del secreto de sumario es la proteger la investigación para que los que investigan no tengan injerencias en el proceso de investigación” y ha apuntado que las filtraciones que se producen tienen su origen en “presidentes de salas, magistrados y fiscales jefe, no son los funcionarios de Justicia los que filtran detalles de la investigación”.

La mesa redonda “El secreto de las actuaciones: realidad o ficción” ha sido moderada por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza Aguado, quien ha reconocido que el enorme plazo de tiempo que destinan algunos magistrados a investigar genera abusos y presión de los medios de comunicación, aunque ha señalado que no cree que la solución sea tomar medidas sancionatorias contra los periodistas.

Fuente: Expansión.com

Leer más

Garzón abre despacho de abogados unipersonal en Madrid

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto su propio bufete de abogados bajo el nombre de Ilocad S.L. en el madrileño barrio de Salamanca, después de colegiarse en Sevilla el pasado mes de marzo.

Garzón, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979, es hasta el momento, socio único del despacho que comenzó sus operaciones el pasado 1 de junio y cuyo objeto social reside en la “intermediación profesional y a través de los correspondientes profesionales, gestión, desarrollo y ejecución de actividades propias de la Abogacía”.

Garzón se colegió como ejerciente en el Colegio Oficial de Abogados de Sevilla (COAS) el 21 de marzo concretamente con el número 13323, un mes después de que fuera condenado a una pena de 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido al interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados de la trama ‘Gürtel’ con sus abogados.

La condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le supuso la expulsión de la Carrera Judicial. La Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) ha solicitado una petición de indulto. El propio ex magistrado indicó en su momento que la solicitud que presentó Medel es “libre y soberana”, al tiempo que agradece la decisión de pedir el indulto, reconoce que fue informado de ella “con carácter previo” y estima que contiene argumentos “dignos de ser valorados”.

Fuente: Expansion.com

Leer más

¿Qué pasa con mi cuenta de Facebook o Twitter si muero?

Con el desarrollo de Internet y de los Social Media las personas han desarrollado una nueva identidad paralela en la Red. Pero, ¿qué sucede con los perfiles y las contraseñas de los usuarios cuando fallecen?

Si hay algo seguro en la vida, es que todos vamos a morir antes o después. Hasta ahora las preocupaciones post mortem se limitaban al mundo off-line. Se tuviera o no hecho un testamento, los herederos del difunto disponían de sus pertenencias, ya fueran bienes inmuebles, dinero depositado en cuentas bancarias o enseres personales.

Sin embargo, ¿qué pasa con tu vida digital cuando mueres? ¿Se extingue directamente cuando mueres o la hereda alguien? ¿Qué pasa con mis cuentas y contraseñas? ¿Tengo derecho a que mi rastro en la Red se borre para siempre si así lo he decidido? Son preguntas que antes eran impensables, pero que tras el gran despegue del uso de Internet, las redes sociales o el ‘cloud computing’ se han convertido en una realidad.

En el año 2005 un estudiante universitario llamado Loren Williams murió en un accidente de motocicleta. Su desconsolada madre, con el deseo de sentirse más cerca de su hijo, quiso utilizar su página de Facebook para leer sus mensajes con la esperanza de entenderlo mejor. Sin embargo una ley federal de 25 años de antigüedad le prohibió el acceso a su cuenta.

Hay familiares que incluso desean dejar activa la cuenta de su familiar fallecido, pero hacerlo puede generar problemas, incluso denuncias por usurpación de identidad. Facebook por ejemplo, ideó hace un tiempo convertir la cuenta de un fallecido en lo que denominan un perfil conmemorativo, donde sus amigos pueden dejar mensajes en su muro a modo de homenaje. Antes hay que informar mediante un cuestionario del óbito del familiar. La red social creada por Mark Zuckerberg afirma que cada año fallecen alrededor de 200.000 de sus usuarios.

En nuestro país, un caso bastante conocido fue el de Marta del Castillo, cuya cuenta en Tuenti fue cerrada a petición de la Fiscalía de Sevilla por respeto a la familia, ya que habían proliferado en medios de comunicación y en internet imágenes y conversaciones de la joven asesinada y de sus presuntos homicidas o cómplices sacadas de esta red social.

Pero todas estas dudas surgen en la Red y la legislación normalmente no logra avanzar a la misma velocidad vertiginosa que la tecnología e Internet. “En España las leyes no contemplan esto como un activo en una herencia. En estas nuevas realidades se aplican las reglas básicas del mundo off-line”, aseguran los expertos en Derecho TIC consultados.

En principio si una persona fallece, lo primero que habría que discernir en torno a su presencia digital es si lo que ha generado en la Red es un bien material o inmaterial, porque puede que lo que el fallecido colgaba en su dropbox, escribía en su blog o compartía en sus perfiles de Facebook o Twitter sea un activo, es decir tenga un valor en sí mismo, como podría ser el caso de un escritor o un fotógrafo que han dejado textos o fotos inéditas en Internet. En estos casos, los herederos son los que tienen los derechos sobre esos bienes, a no ser que se especifique que están bajo licencia Creative Commons.

Pero otra cosa es cómo se accede a estos sitios (cuentas de correo, gestión de blogs, redes sociales) una vez que el titular ha fallecido y qué uso puede hacer un tercero de estos perfiles. “En España no está legislado que los herederos puedan o no continuar con el perfil de un familiar fallecido si éste no dio el permiso expreso antes de morir”, explica Javier Carbayo, abogado de Ecix, que añade que “tardará en llegar una legislación sobre este tema, porque no hay aún demasiada demanda y porque bastante le cuesta a muchos legisladores entender el tema como para plantear cambiarlo a corto plazo”.

El letrado Javier Ribas –recientemente premiado como mejor abogado en Derecho Digital en España por el Colegio de Abogados de Barcelona– cree que lo razonable es que “al igual que puede hacerse un testamento vital, también pueda existir un testamento digital en un registro público, al estilo por ejemplo de la Lista Robinson, donde cada ciudadano exprese sus últimas voluntades sobre su presencia en la Red y sus respectivas claves de acceso”. Ribas manifiesta que hasta que pueda llegar ese momento, “lo único que se puede hacer es seguir los protocolos que cada red tiene al respecto, como es el caso de la española Tuenti”.

En este sentido, si la sede de la red social o empresa proveedora de cualquier servicio está en España, es mucho más fácil y sobre todo más rápido poder comunicar que un pariente ha fallecido y que deseamos cerrar su perfil o cuenta o recuperar sus claves. Si se encuentra en Estados Unidos, el proceso es mucho más arduo, lento y depende de las condiciones de cada compañía.

Muchas veces no sólo se trata de cerrar un perfil o recuperar unas fotos, sino que puede que el fallecido tuviera una cuenta activa con dinero prepagado, por ejemplo en iTunes o un servicio similar de música o películas, y que para recuperar esa cantidad de dinero haya que demostrar que se está legitimado para recuperarla.

Para Francisco Pérez Bes, abogado y vicepresidente de Enatic (Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC), “la defunción digital tiene una doble perspectiva ya que, aunque mayoritariamente nos centrarnos en los efectos que tiene la muerte de las personas físicas en los Medios Sociales, no debemos olvidar que también esta situación afecta a la desaparición de empresas que por una u otra razón pueden desmantelarse y ver cómo su antigua identidad (basada en páginas web, cuentas de correo, cuentas en redes sociales, blogs, etc.) permanece a lo largo del tiempo, en ocasiones devengando responsabilidad legal sobre terceros aún a pesar del cese de la actividad empresarial”.

Lo que no tendría remedio, según los expertos, es el derecho al olvido en Internet -una de las novedades que incorporan las propuestas legislativas de la Comisión Europea-, porque “los fallecidos no tienen derecho a la protección de datos”. Sus herederos pueden pedir que se cancelen sus datos en algunos casos concretos, pero “si el nombre y apellidos de una persona que ha muerto están registrado de forma correcta en alguna página de la Red, eso perdurará para siempre”, concluyen.

Fuente: Expansión.com

Leer más

Edificaciones ilegales prescritas y protección de terceros adquirentes

Uno de los problemas más importantes en la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario en España ha sido el acceso, al Registro de la Propiedad, de declaraciones de obra nueva de edificaciones ilegales prescritas para las que la Administración ya no puede ordenar su demolición por haber transcurrido el plazo legal para ello.

Francisco Bengoetxea, socio de Ramón y Cajal AbogadosFrancisco Bengoetxea, socio de Ramón y Cajal Abogados

En estos casos, no se hacía constar en el Registro que la edificación declarada, en todo o en parte, podía estar en situación de fuera de ordenación, lo que conlleva importantes limitaciones en el régimen de obras y usos y, por tanto, en el ejercicio normal del derecho de propiedad de su titular. Además, el tercer adquirente no podía inferir claramente de los datos del Registro que la edificación se encontraba en esta situación, llevándose la sorpresa cuando, por este motivo, se le denegaba una licencia urbanística para reformar o ampliar su inmueble.

Para evitar esta situación, y como parte de las medidas específicas de fomento de la seguridad jurídica en el sector inmobiliario introducidas por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, se modificó el artículo 20.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, para exigir que en la inscripción de estas edificaciones se deje constancia de su posible situación de fuera de ordenación, ya sea en todo o en parte, mediante la aportación de una resolución administrativa en la que se delimite su contenido.

Es decir, que el Ayuntamiento debe especificar mediante esta resolución el restrictivo régimen legal de obras y usos derivado de su situación de fuera de ordenación y hacerlo constar en el Registro de la Propiedad. Así, ahora, el adquirente ya puede conocer directamente del Registro cuál es la situación del inmueble que adquiere y las limitaciones legales y urbanísticas que sobre él recaen por constituir una infracción urbanística prescrita.

Se ha discutido por la doctrina si esta resolución administrativa debe aportarse como requisito previo para la inscripción de la edificación ilegal prescrita. La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su reciente Resolución de 17 de enero de 2012, ha establecido que no es requisito previo y que la resolución administrativa por la que, en su caso, se declare que el edificio está en situación de fuera de ordenación y determine su contenido, podrá inscribirse posteriormente en el caso de que el Ayuntamiento llegue a dictarla, ya que no es obligatorio que se produzca.

La Dirección General ha entendido que lo importante es que la edificación se inscriba, que entre en el tráfico jurídico y que su propietario pueda beneficiarse de los efectos de la fe pública registral. Además, el Registrador notificará al Ayuntamiento la inscripción realizada, por lo que podrá iniciar un expediente administrativo en el que el titular sea parte y pueda alegar lo que a su derecho convenga respecto al contenido de la resolución administrativa por la que, en su caso, se declare su inmueble fuera de ordenación. Una vez firme en vía administrativa la resolución que dicte el Ayuntamiento, se podrá expedir la certificación administrativa correspondiente e inscribirse en el Registro de la Propiedad la situación de fuera de ordenación del inmueble y sus limitaciones legales, momento en el que cualquier adquirente podrá conocer su exacta situación.

Por tanto, se ha reforzado notablemente la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, sobre todo para un numeroso tipo de inmuebles que en la mayoría de las ocasiones se encuentran ubicados en zonas turísticas y son adquiridos por terceros distintos de los que los inscribieron, evitándose así la negativa repercusión que ello ha supuesto para el mercado inmobiliario nacional e internacional. Ahora sólo falta que los Ayuntamientos apliquen esta normativa diligentemente y dicten las resoluciones oportunas para que en el Registro de la Propiedad se haga constar el régimen legal aplicable a las edificaciones que constituyen infracciones urbanísticas prescritas.

Fuente: Expansión.com

Leer más

BUFETE APORTA & ASOCIADOS
C/ Santa Engracia 128, 1º C
28003 - MADRID
Tlfs: 914 417 922 / 55 - Fax: 913 991 780
correo@bufeteaporta.es