Sociedades: Una sentencia aclara cómo retribuir a los administradores

Asegura que la nueva Ley mantiene el distinto régimen retributivo establecido entre sociedades anónimas y limitadas.

La remuneración del órgano de administración de una sociedad limitada no se supedita al reparto de dividendos entre los socios, sino que simplemente toma como base los beneficios repartibles, según esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de junio de 2012, de la que ha sido ponente el magistrado Plaza González.

En el caso enjuiciado el socio demandante impugnó un acuerdo adoptado en junta general que aprobó la aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio 2007, destinando una cantidad a reserva legal, otro tanto a reservas voluntarias, y una tercera parte a la remuneración del Consejo.

Entendió el socio que la remuneración prevista para el órgano de administración requería la distribución de los dividendos a favor de los socios, conforme a lo previsto en el artículo 20 de los estatutos sociales. En concreto, el precepto disponía que “el cargo de administrador será retribuido. Dicha retribución tendrá como base una participación en los beneficios y consistirá en una participación del 10% de los beneficios repartibles entre los socios”. Precepto que entendió vulnerado por el acuerdo impugnado, al no disponer distribución de dividendo alguno.

A lo que añadió lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 130 de la Ley de Sociedades Anónimas-ahora artículo 218, apartados 1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)-. Según el primero, “para los casos en que la retribución tenga como base una participación en los beneficios, los estatutos determinarán la participación, que en ningún caso podrá ser superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre los socios.”

No obstante, entiende la Audiencia que en este artículo “la retribución se establece en función de una base, los beneficios repartibles (…) pero en ningún caso se supedita al reparto de dividendos”.

Un régimen, explica, que difería del contemplado para las sociedades anónimas, que en el citado artículo 130 establecía que “cuando la retribución consista en una participación en las ganancias, debía haberse reconocido a los accionistas un dividendo”.

El distinto régimen retributivo establecido para ambos supuestos, continúa la sentencia, “se mantiene en el vigente artículo 218 de la LSC”, siendo el aspecto más relevante de las diferencias entre ambos tipos de sociedades, precisamente, que en la limitada el derecho a la retribución de los administradores en la participación en los beneficios no depende de que la junta acuerde o no el reparto de un dividendo a los socios.

Fuente: El Economista.es

Leer más

Los afectados de Fórum piden al juez la nulidad del proceso concursal

La Asociación Perjudicados Fórum Madrid, que agrupa a cerca de 30.000 afectados por el caso Fórum Filatélico, presentó ayer ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid una demanda solicitando la nulidad del procedimiento concursal, basándose en que la contradicción entre los distintos tribunales a la hora de calificar la actividad de Fórum -mercantil o financiera- vulnera el principio de seguridad jurídica y el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

La demanda se apoya en la existencia de “resoluciones judiciales contradictorias sobre un mismo punto de carácter esencial, dictadas por tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales”.

En este sentido, tanto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, han dictado sentencias basándose en la naturaleza mercantil de la actividad de Fórum. “No estamos hablando de sentencias dictadas en un orden jurisdiccional diferente, sino en el mismo orden judirisdiccional y nada menos que por el tribunal jerárquicamente superior al juzgado” al que se dirige la demanda, recoge el texto.

Reconocer la naturaleza mercantil de la actividad supondría que “los sellos son de los clientes”, por tratarse de operaciones de adquisición de bienes tangibles, lo que se traduciría en que éstos queden fuera de la masa activa del concurso y se devuelvan a los clientes.

Paralizar la liquidación

La demanda pide que el alcance de la nulidad se extienda hasta el propio informe de la administración concursal, y que se emita uno nuevo en el que quede recogida la naturaleza mercantil de los contratos celebrados entre Fórum y sus clientes. Además, se solicita paralizar cautelarmente la venta de la filatélica, en liquidación.

Fuente: El Economista. es

Leer más

El Tribunal Supremo anula una baja voluntaria al haberse firmado bajo coacciones de la empresa

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del despido y la readmisión en el puesto de trabajo de un empleado de la Caja Rural de Toledo que denunció haber firmado en febrero de 2010 una baja voluntaria bajo coacciones de la empresa.

El empleado presentó una denuncia por amenazas y coacciones contra seis directivosLa Sala de lo Social del TS ha rechazado el recurso presentado por la entidad financiera contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaró nulo el despido de Julio D.P. por vulnerar derechos fundamentales.

El empleado Julio D.P presentó una denuncia por un delito de amenazas y coacciones contra seis directivos de Caja Rural de Toledo que el 15 de febrero de 2010 –alegó el trabajador– le presionaron para firmar su baja voluntaria de la empresa en la que trabajaba desde 1991.

Según el denunciante, ese día durante su jornada de trabajo fue llamado a un despacho donde los seis directivos le “conminaron” a que suscribiera la baja “sin dar más explicaciones” y le advirtieron de que si no lo hacía se vería envuelto “en un procedimiento judicial con responsabilidades penales”, sin darle “en ningún momento” ocasión para defenderse.

Miedo a perder el trabajo

Asimismo alegó que, “presa de una fuerte ansiedad” debido al miedo a perder su trabajo, ya que tiene cuatro hijos menores, suscribió uno de los documentos que le facilitaron “bajo una coacción total” de los representantes de la empresa “y en un estado anímico en el que no era dueño” de sus actos.

Por su parte, la dirección de Recursos Humanos de la empresa aseguró que dicha reunión se celebró para esclarecer las “graves irregularidades” cometidas por el empleado en operaciones de crédito que incumplían la normativa.

Según la empresa, en esa reunión se informó a Julio D.P. de que se iba a proceder a una suspensión cautelar de empleo por plazo de una semana a fin de tener un conocimiento más profundo del alcance de los hechos. Aseguró también que en dicho encuentro solicitó “libre y voluntariamente” la baja voluntaria de la empresa.

Despido nulo

El 3 de marzo el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Toledo celebró un acto de conciliación con el resultado de “sin avenencia”.

Finalmente, tras acudir a los tribunales ordinarios, el 24 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha rechazó el recurso de la Caja Rural de Toledo a la sentencia del Juzgado de lo Social numero 2 de Toledo y declaró nulo el despido por “vulnerador de derechos fundamentales”.

Los magistrados del TS corroboran ahora en la sentencia, de la que es ponente Aurelio Desdentado, dicha decisión y condenan a la Caja Rural a la “inmediata readmisión” del empleado a su puesto de trabajo en las mismas condiciones y con el abono de todos los salarios dejados de percibir desde el 15 de febrero de 2010.

Fuente: Jurismadrid.com

Leer más

Novagalicia recibe la primera sentencia contra las participaciones preferentes

El Juzgado número 1 de Cambados (Pontevedra) ha dictado la primera sentencia contra las participaciones preferentes al estimar “íntegramente” la demanda interpuesta por un afectado, J.L.C.M., frente a Novagalicia Banco, declarando “nulo” el contrato de compra de valores realizado en 2008, de forma que la entidad financiera deberá abonar 7.560 euros más los intereses al denunciante.

La titular del juzgado número 1 de esta localidad, Olga Martín, considera queda probado que el demandante “no fue debidamente informado de las características de riesgo alto y posible iliquidez que presentaba el producto en cuestión”.

Además, considera que “en ningún momento se le manifestó que el contrato suscrito tenía un vencimiento a 31 de diciembre del 2050, y que si lo hubiera sabido nunca lo hubiera firmado”.

El demandante, un empleado de almacén que según consta en la sentencia “carece de profundos conocimientos en materia

financiera”, era desde hacía años cliente de la antigua Caixanova y que acudió a su oficina bancaria para constituir un depósito de 10.000 euros que tenía ahorrados.

“El director de la sucursal de Dena le ofreció contratar un tipo de depósito de alta rentabilidad que le permitía disponer de su dinero en todo momento y en el que no existían riesgos”, según recoge la sentencia. De hecho, cuando el 29 de mayo el demandante decidió retirar parte de su dinero, 2.400 euros para comprar un coche, “lo pudo realizar sin ningún tipo de problema o alegación por parte de la entidad”.

Sin embargo, posteriormente ante las dificultades para retirar los 7.560 euros que le quedaban en preferentes, el demandante optó por acudir a los tribunales.

Novagalicia Banco, por su parte, sostiene que el cliente conocía la naturaleza del producto que había adquirido ya que se le entregó un tríptico del folleto informativo, que percibió puntualmente los rendimientos de las participaciones suscritas y que realizó el “test de idoneidad”.

Oferta engañosa del producto

Sin embargo, la jueza de Cambados concluye que “el cliente no fue informado de una forma directa y comprensible de las verdaderas características del producto contratado, que era de alto riesgo, y se ofertó a un cliente calificado como conservador, que nunca había realizado operaciones de esa naturaleza y que carece por completo de conocimientos mínimos en materia financiera”.

“Siendo que la posibilidad de liquidez inmediata fue determinante para que el demandante suscribiera el contrato y que al demandante se le ofertó engañosamente un producto que supuestamente alcanzaba estas condiciones, pero ello no era cierto, contribuye a alcanzar la conclusión de que hubo información no veraz en la suscripción del contrato”.

Además resalta que en las mismas condiciones del contrato suscrito, del que se facilitó una copia al demandante, figura “en la cláusula relativa a su duración, que su vigencia es indefinida y que cualquiera de las partes podrá instar unilateralmente su finalización mediante un preaviso de 15 días, lo cual es eminentemente falso”, según la sentencia.

Por todo ello, la jueza declara nulo el contrato de compra de estos valores “por error del consentimiento” y condena al banco a asumir las costas del proceso. La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los afectos piden unión

Afectados por la venta del producto financiero conocido como participaciones preferentes han insistido este domingo en la necesidad de que se dé “una solución para todos juntos”. “Nuestro criterio es que tiene que haber una solución colectiva”, apuntan portavoces de afectados por este producto bancario de Vigo y Cangas, en declaraciones a Europa Press.

Así, Luciano Villar, de la plataforma de O Morrazo, ha insistido en que la vía judicial tiene que ser “el último recurso” para esta solución que, a su juicio, tiene que ser “colectiva” y pasa por la “vía política”.

A este respecto, explica que acudir a la Justicia puede dejar atrás, sin una solución, a algunos afectados, y por lo tanto “perjudicar” a parte de las personas que adquirieron este producto en función del fallo emitido. Por eso, para las plataformas, es necesario que se pueda llega a una fórmula “colectiva”.

Luciano Villar entiende que “tienen que ser modificadas las leyes” porque con la actual legislación no es posible la fórmula de la devolución de las preferentes de forma colectiva, de ahí que insista en que hay que darle una solución “política”.

Fuente: Jurismadrid

Leer más

Una nueva sentencia judicial pone otra vez en entredicho las cláusulas suelo de las hipotecas

En las últimas semanas el euríbor ha marcado mínimos. Sin embargo, no todas las familias que están pagando una hipoteca se pueden ver favorecidos. Y es que muchas de ellas (casi 4 millones) tienen cláusula suelo, ese límite que protege al banco de las

De la discutible legalidad de las cláusulas suelo de las hipotecas dan cuentas las numerosas sentencias judiciales en su contra. La última llega de Vitoria, donde un juez ha condenado a Caja Rioja, entidad integrada en Bankia, a devolver a una clienta 3.872 euros más los intereses que le cobró por aplicar la cláusula suelo en un préstamo hipotecario con un tipo de interés diferente al que se había contratado inicialmente.

El juez considera que la entidad actuó de manera “unilateral y arbitraria”La clienta adquirió una vivienda en Miranda de Ebro (Burgos) y se subrogó en julio de 2006 el préstamo concedido por Caja Rioja al constructor, con un tipo de interés pactado del euríbor más el 0,5%. Desde agosto de 2009, la caja comenzó a aplicar un tipo mínimo del 3% a dicho préstamo por la cláusula suelo, lo que perjudicaba económicamente a la consumidora.

El juez considera que la entidad actuó de manera “unilateral y arbitraria” y condena a la entidad a abonar a la clienta 3.872 euros más los intereses de las cantidades cobradas indebidamente entre agosto de 2009 y marzo de 2012.

La sentencia ha sido dada a conocer por la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), que formuló la demanda judicial en defensa de los intereses de la consumidora, y que ha valorado el fallo porque ampara judicialmente los “legítimos intereses” de los consumidores y protege los derechos de los usuarios de los servicios bancarios.

Suelo y techo de las hipotecas

Las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios fijan un límite a la bajada de los tipos de interés sin prever en el contrato un límite para la subida de los mismos.

También ponen un “suelo”, pero es tan alto (10 o 12%) que es ficticioLas entidades bancarias ponen un “suelo” a sus contratos y, para que no sea descaradamente abusivo, un “techo” (tipo máximo del que no podrá subir), pero éste es tan alto que es ficticio, ya que es casi imposible que alcance esos márgenes: 10 o 12%.

Pendiente está la demanda colectiva por las claúsulas suelo de las hipotecas contra un centenar de entidades bancarias, impulsada por Adicae. En septiembre del 2011, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid la admitió.

Un total de 15.598 particulares se han personado en esta demanda colectiva. En su mayoría, 14.618 afectados, lo han hecho a mediante la organización de consumidores, mientras que el resto, unos 980, lo han hecho a través del despacho de abogados Unive o de letrados particulares.

Según la demanda colectiva, en un 40% de los casos las cláusulas suelo obligan a pagar a los hipotecados un interés superior al 3,5%, mientras que en otro 43% los tipos mínimos oscilan entre el 3% y el 3,5%.

Fuente: Jurismadrid

Leer más

BUFETE APORTA & ASOCIADOS
C/ Santa Engracia 128, 1º C
28003 - MADRID
Tlfs: 914 417 922 / 55 - Fax: 913 991 780
correo@bufeteaporta.es