Fiscal: El Supremo avala la legalidad de las notificaciones de la AEAT por vía electrónica

El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del Real Decreto que implantó la obligatoriedad de notificar algunas de las resoluciones de la Agencia Tributaria por vía electrónica, según la sentencia dictada el pasado 22 de febrero.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) contra el Real Decreto de 29 de octubre de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda que reguló los supuestos en los que Hacienda está obligada a notificar sus resoluciones por medios electrónicos.

La sentencia, que impone unas costas de no más de 6.000 euros a la asociación, concluye que «no se puede aceptar que se trate de un requisito técnico que pueda considerarse de imposible cumplimiento» y establece que «los dos modos de notificación tienen ámbitos de aplicación separados, que coexisten, y que por tanto, ni se solapan, ni se superponen».

Asefiget solicitaba la nulidad del Real Decreto al considerar que el reglamento vulneraba la Constitución y las normas tributarias de rango superior. Además, la asociación denunció que la regulación no incluye la protección de datos y que hace soportar al contribuyente las consecuencias técnicas de la instalación del nuevo modelo.

El Supremo concluye que es el contribuyente el que «tiene que comunicar su consentimiento para que los trámites tributarios se hagan por vía electrónica», por lo que ni afecta a las normas tributarias ni a la protección de datos. Por su parte, el Abogado del Estado alegó falta de legitimación de la asociación, porque el real decreto no afecta a sus asociados, sino a su modo de actuar profesional.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante del magistrado Manuel Garzón Herrero en el que advierte de que las notificaciones electrónicas pueden no garantizar «suficientemente» el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos para la correcta recepción. El magistrado también considera que el procedimiento debería quedar regulado en una norma tributaria.

Por su parte, Asefiget denunció en un comunicado la «arbitrariedad» de la sentencia, cuyos argumentos jurídicos «no comparte», y califica de «temeridad» su condena en costas. «En esta sociedad prevalecen, sobre los principios rectores del orden constitucional, los dictados caprichosos del Gobierno de turno», afirma la asociación.

Por último, Asefiget incide en que el uso de Internet «es un derecho y no una obligación» y que la imposición de su uso para la recepción de notificaciones telemáticas de la administración pública «si bien supone un ahorro para las arcas del Estado, ocasiona una clara indefensión del contribuyente».

Fuente: Jurismadrid

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Divorcio: El Tribunal Supremo dictamina la división de una vivienda familiar en un procedimiento de divorcio

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que sienta como doctrina jurisprudencial la posibilidad de dividir una vivienda en un procedimiento de divorcio, cuando sea “lo más adecuado” para la protección del menor y “siempre que sea posible la división y reunir las viviendas resultantes las condiciones de habitabilidad, a pesar de que no haya acuerdo entre los cónyuges”.

Esta sentencia surge a raíz de un recurso presentado a la Audiencia Provincial de Málaga por un bufete de abogados de Benalmádena, tras iniciarse en 2010 un litigio entre dos cónyuges en el que su “único” punto de discordia era la atribución del uso de la vivienda familiar.En concreto, se trata de una casa de dos plantas en la que vivía la pareja con sus dos hijos, cuya custodia le fue atribuida a la madre. Por las condiciones arquitectónicas de la misma, el padre sostenía que se podía satisfacer las necesidades de todas las partes, sin interferir en la vida privada o íntima que pudiera iniciar cada uno.Así, se proponía que el marido se quedara con la planta inferior de la vivienda y que la superior fuera para el resto de la familia, según ha informado el bufete de abogados a través de un comunicado. Además, el padre no tenía otra vivienda donde irse a vivir. El Juzgado de Primera Instancia de Vélez-Málaga (Málaga) accedió a la solicitud, atribuyéndole la planta baja de la casa “siempre y cuando acometiera obras mínimas para independizar ambas viviendas”. La esposa, por su parte, presentó recurso ante la Audiencia, que revocó la sentencia, indicando que en caso de discrepancia entre ambos cónyuges había que aplicar “estrictamente” el artículo 96 del Código Civil, el cual no permite la división.Finalmente, el marido, representado por el citado bufete recurrió la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, quien “sienta como doctrina jurisprudencial que cabe la división de una vivienda en un procedimiento matrimonial cuando ello sea lo más adecuado para la protección del menor”.

Fuente: Jurismadrid

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Fiscal: Prescripción de la liquidación del ITP y AJD por la adquisición de un inmueble mediante documento privado

En consulta de 19 de abril de 2012, la Dirección General de Tributos, informa que la inclusión de un inmueble que se adquirió mediante documento privado en el Catastro a nombre de un obligado tributario y por el que en su momento no se liquidó el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados podría entenderse como una de las circunstancias previstas en el art.1.227 del Código Civil para considerar fehaciente la fecha de un documento privado respecto de terceros, y, en consecuencia, para entender prescrito o no el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria que no se liquidó en su día.

Fuente: Jurismadrid

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Urbanismo: Condenados por hacerse una vivienda en espacio protegido en la Sierra de Cazorla

El Juzgado número 3 de Jaén ha condenado a un año y seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio a tres acusados de haber construido una vivienda en suelo clasificado como no urbanizable de especial protección incluido dentro del espacio protegido de la Sierra de Cazorla y Segura.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso, también tiene en cuenta la inhabilitación especial para el cargo de promotor y constructor por el tiempo de un año y seis meses, así como doce meses de multa a razón de seis euros diarios.

Además, acuerda la demolición de las obras de construcción a costa de los acusados y restauración de la realidad preexistente a la construcción, y en el caso de que no la llevaran a cabo los acusados, deberá ejecutarse a costa de los mismos por parte del Ayuntamiento de Santiago-Pontones.

Los hechos probados de la sentencia indican que un hombre y una mujer, en calidad de promotores y constructores, con posterioridad al mes de mayo de 2009 llevaron a cabo la construcción de una vivienda unifamiliar de 90 metros cuadrados, con porche adosado, piscina, caseta y barbacoa, en el Cortijo de Vites, perteneciente a Santiago-Pontones (Jaén).

Según la sentencia, estas obras de construcción, que también ejecutó otro hombre en su condición de albañil, no son susceptibles de legalización conforme a la LOUA, las normas subsidiarias de Santiago-Pontones, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén y el Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura.

Fuente: Jurismadrid

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Los procuradores de los tribunales ampliarán su elenco de funciones

La profesión de procurador de los tribunales es una gran desconocida e infravalorada. Desempeñé durante 10 años dicha labor, y es un elemento fundamental en la agilización del proceso, siendo su labor imprescindible en colaboración con el Letrado para el buen desarrollo de un proceso. Se ha celebrado en Córdoba un Congreso Nacional, al que ha acudido el Ministro de Justicia que ha manifestado su intención de ampliar sus funciones, hecho que alegrará a muchos de mis amigos/as preocupados por el hecho de que la implantación de las nuevas tecnologias les haga prescindibles.

“Los procuradores ampliarán su elenco de funciones, lo que calificaron como “una agilización de la justicia histórica sin incremento de costes”. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hizo ese anuncio en el XIII Congreso Nacional de Procuradores, que se inauguró ayer en Córdoba, en el que avanzó que otorgará a estos profesionales un papel más relevante en el sistema judicial, puesto que asumirán funciones de notificaciones y embargos a nivel nacional y también las de agentes de ejecución de sentencias, una figura existente en otros países de Europa.

El ministro negó que su apuesta por la resolución extrajudicial de conflictos vaya en detrimento de los procuradores, a los que considera “infrautilizados” en función de sus conocimientos jurídicos, implantación en España e infraestructura disponible. La reforma procesal de 2009, recordó el ministro, ya otorgó a los procuradores funciones en materia de citaciones y emplazamientos, un “buen camino” que su departamento está decidido a continuar.

Función comunicadora

Esta profundización del procurador como agente comunicador dentro del procedimiento judicial es positivo, según Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, porque permitirá acortar a días lo que ahora la administración de justicia tarda en realizar “meses”. Estimó que esta media puede “coadyuvar” a la mejora del sistema judicial sin incrementar los costes. Estévez estimó que en un procedimiento tipo la asunción de este rol podría ahorrar a las partes un tiempo de diez meses. Justicia piensa que puede esta puede ser una alternativa ante la imposibilidad de incrementar personal en la administración judicial.

Ejecución

En lo que se refiere a la ejecución de sentencias, Gallardón recordó que la función privativa de los jueces es juzgar, pero no que tengan que ejecutar las sentencias, una tarea que Justicia pretende asignar a los procuradores. Se realizaría a través de una encomienda judicial, como ya sucede en el ámbito tributario.

Los procuradores entienden que el funcionamiento de la justicia no tiene nada que envidiar, sobre todo en la jurisdicción civil, al de otros países de su entorno, pero los problemas vienen a la hora de ejecutar las sentencias. “Una sentencia en sí misma no resuelve el quebranto causado”, subrayó el ministro, que apostó por reforzar con nuevas atribuciones a los procuradores.

En otro orden de cosas, el presidente de los procuradores explicó que el colectivo ha puesto a disposición del Ministerio de Justicia su nueva plataforma tecnológica Sireno, que está preparada para permitir a cualquier procurador iniciar un procedimiento desde su despacho por medios telemáticos. Este sistema comenzará a funcionar “en semanas” para las causas presentadas ante la Audiencia Nacional y posteriormente se extenderán a otras instancias judiciales. Gallardón alabó el esfuerzo inversor de los procuradores, que tendrán que hacer en el futuro otros colectivos más “rezagados”. Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Supremo, excuso su participación prevista en el acto inaugural.”

Fuente: Jurismadrid.es

 

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