Mobbing: Un Ayuntamiento condenado por vulnerar el derecho fundamental a la dignidad de una trabajadora

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra una sentencia del pasado mes de febrero que condenaba al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 4.600 euros a una trabajadora por «vulnerar el derecho fundamental a la dignidad». El nuevo fallo judicial confirma la indemnización a Lorena Blanco y además impone al Ayuntamiento el pago de las costas y los honorarios del letrado de la trabajadora en una cuantía de 600 euros. El Ayuntamiento puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El abogado de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), Manuel Mendoza, que defiende a Lorena Blanco, señaló que queda aún otro recurso por resolver contra otra sentencia del pasado mes de marzo que obliga al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora y a abonarle los salarios dejados de percibir desde su despido el 31 de octubre de 2011. La trabajadora ya había sido despedida por primera vez en el año 2008.

La trabajadora ya tuvo que ser indemnizada con más de 3.000 euros por otra sentencia, por ser despedida del puesto de intermediación laboral que ocupaba en el Ayuntamiento. Después de la indemnización de 3.000 euros, el juzgado también obligó al Ayuntamiento a abonarle un sueldo de 40 euros al día durante un tiempo, al no ser readmitida en su puesto de trabajo y mientras se resuelve el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la readmisión de la trabajadora.

El fallo judicial del pasado día 18 confirma la sentencia de febrero del juzgado de lo Social número 2 de Avilés y afirma que el Ayuntamiento «vulnera el derecho fundamental a la dignidad» al tener que readmitir a la trabajadora y no darle trabajo, ni lugar, ni medios para desempeñarlo.

USIPA tiene presentada una querella contra la alcaldesa, Ángela Vallina (IU), por acoso laboral en la que solicita penas de un año de prisión e inhabilitación para cargos políticos. Todas las sentencias judiciales de este largo pleito han dado la razón a la trabajadora, según explicó su abogado. «Los fallos judiciales acreditan los derechos de las trabajadora», concluyó el letrado.

Fuente: Jurismadrid

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