Mobbing: Un Ayuntamiento condenado por vulnerar el derecho fundamental a la dignidad de una trabajadora

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra una sentencia del pasado mes de febrero que condenaba al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 4.600 euros a una trabajadora por «vulnerar el derecho fundamental a la dignidad». El nuevo fallo judicial confirma la indemnización a Lorena Blanco y además impone al Ayuntamiento el pago de las costas y los honorarios del letrado de la trabajadora en una cuantía de 600 euros. El Ayuntamiento puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El abogado de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), Manuel Mendoza, que defiende a Lorena Blanco, señaló que queda aún otro recurso por resolver contra otra sentencia del pasado mes de marzo que obliga al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora y a abonarle los salarios dejados de percibir desde su despido el 31 de octubre de 2011. La trabajadora ya había sido despedida por primera vez en el año 2008.

La trabajadora ya tuvo que ser indemnizada con más de 3.000 euros por otra sentencia, por ser despedida del puesto de intermediación laboral que ocupaba en el Ayuntamiento. Después de la indemnización de 3.000 euros, el juzgado también obligó al Ayuntamiento a abonarle un sueldo de 40 euros al día durante un tiempo, al no ser readmitida en su puesto de trabajo y mientras se resuelve el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la readmisión de la trabajadora.

El fallo judicial del pasado día 18 confirma la sentencia de febrero del juzgado de lo Social número 2 de Avilés y afirma que el Ayuntamiento «vulnera el derecho fundamental a la dignidad» al tener que readmitir a la trabajadora y no darle trabajo, ni lugar, ni medios para desempeñarlo.

USIPA tiene presentada una querella contra la alcaldesa, Ángela Vallina (IU), por acoso laboral en la que solicita penas de un año de prisión e inhabilitación para cargos políticos. Todas las sentencias judiciales de este largo pleito han dado la razón a la trabajadora, según explicó su abogado. «Los fallos judiciales acreditan los derechos de las trabajadora», concluyó el letrado.

Fuente: Jurismadrid

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Fiscal: El Supremo avala la legalidad de las notificaciones de la AEAT por vía electrónica

El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del Real Decreto que implantó la obligatoriedad de notificar algunas de las resoluciones de la Agencia Tributaria por vía electrónica, según la sentencia dictada el pasado 22 de febrero.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) contra el Real Decreto de 29 de octubre de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda que reguló los supuestos en los que Hacienda está obligada a notificar sus resoluciones por medios electrónicos.

La sentencia, que impone unas costas de no más de 6.000 euros a la asociación, concluye que «no se puede aceptar que se trate de un requisito técnico que pueda considerarse de imposible cumplimiento» y establece que «los dos modos de notificación tienen ámbitos de aplicación separados, que coexisten, y que por tanto, ni se solapan, ni se superponen».

Asefiget solicitaba la nulidad del Real Decreto al considerar que el reglamento vulneraba la Constitución y las normas tributarias de rango superior. Además, la asociación denunció que la regulación no incluye la protección de datos y que hace soportar al contribuyente las consecuencias técnicas de la instalación del nuevo modelo.

El Supremo concluye que es el contribuyente el que «tiene que comunicar su consentimiento para que los trámites tributarios se hagan por vía electrónica», por lo que ni afecta a las normas tributarias ni a la protección de datos. Por su parte, el Abogado del Estado alegó falta de legitimación de la asociación, porque el real decreto no afecta a sus asociados, sino a su modo de actuar profesional.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante del magistrado Manuel Garzón Herrero en el que advierte de que las notificaciones electrónicas pueden no garantizar «suficientemente» el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos para la correcta recepción. El magistrado también considera que el procedimiento debería quedar regulado en una norma tributaria.

Por su parte, Asefiget denunció en un comunicado la «arbitrariedad» de la sentencia, cuyos argumentos jurídicos «no comparte», y califica de «temeridad» su condena en costas. «En esta sociedad prevalecen, sobre los principios rectores del orden constitucional, los dictados caprichosos del Gobierno de turno», afirma la asociación.

Por último, Asefiget incide en que el uso de Internet «es un derecho y no una obligación» y que la imposición de su uso para la recepción de notificaciones telemáticas de la administración pública «si bien supone un ahorro para las arcas del Estado, ocasiona una clara indefensión del contribuyente».

Fuente: Jurismadrid

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Divorcio: El Tribunal Supremo dictamina la división de una vivienda familiar en un procedimiento de divorcio

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que sienta como doctrina jurisprudencial la posibilidad de dividir una vivienda en un procedimiento de divorcio, cuando sea “lo más adecuado” para la protección del menor y “siempre que sea posible la división y reunir las viviendas resultantes las condiciones de habitabilidad, a pesar de que no haya acuerdo entre los cónyuges”.

Esta sentencia surge a raíz de un recurso presentado a la Audiencia Provincial de Málaga por un bufete de abogados de Benalmádena, tras iniciarse en 2010 un litigio entre dos cónyuges en el que su “único” punto de discordia era la atribución del uso de la vivienda familiar.En concreto, se trata de una casa de dos plantas en la que vivía la pareja con sus dos hijos, cuya custodia le fue atribuida a la madre. Por las condiciones arquitectónicas de la misma, el padre sostenía que se podía satisfacer las necesidades de todas las partes, sin interferir en la vida privada o íntima que pudiera iniciar cada uno.Así, se proponía que el marido se quedara con la planta inferior de la vivienda y que la superior fuera para el resto de la familia, según ha informado el bufete de abogados a través de un comunicado. Además, el padre no tenía otra vivienda donde irse a vivir. El Juzgado de Primera Instancia de Vélez-Málaga (Málaga) accedió a la solicitud, atribuyéndole la planta baja de la casa “siempre y cuando acometiera obras mínimas para independizar ambas viviendas”. La esposa, por su parte, presentó recurso ante la Audiencia, que revocó la sentencia, indicando que en caso de discrepancia entre ambos cónyuges había que aplicar “estrictamente” el artículo 96 del Código Civil, el cual no permite la división.Finalmente, el marido, representado por el citado bufete recurrió la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, quien “sienta como doctrina jurisprudencial que cabe la división de una vivienda en un procedimiento matrimonial cuando ello sea lo más adecuado para la protección del menor”.

Fuente: Jurismadrid

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Fiscal: Prescripción de la liquidación del ITP y AJD por la adquisición de un inmueble mediante documento privado

En consulta de 19 de abril de 2012, la Dirección General de Tributos, informa que la inclusión de un inmueble que se adquirió mediante documento privado en el Catastro a nombre de un obligado tributario y por el que en su momento no se liquidó el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados podría entenderse como una de las circunstancias previstas en el art.1.227 del Código Civil para considerar fehaciente la fecha de un documento privado respecto de terceros, y, en consecuencia, para entender prescrito o no el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria que no se liquidó en su día.

Fuente: Jurismadrid

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Urbanismo: Condenados por hacerse una vivienda en espacio protegido en la Sierra de Cazorla

El Juzgado número 3 de Jaén ha condenado a un año y seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio a tres acusados de haber construido una vivienda en suelo clasificado como no urbanizable de especial protección incluido dentro del espacio protegido de la Sierra de Cazorla y Segura.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso, también tiene en cuenta la inhabilitación especial para el cargo de promotor y constructor por el tiempo de un año y seis meses, así como doce meses de multa a razón de seis euros diarios.

Además, acuerda la demolición de las obras de construcción a costa de los acusados y restauración de la realidad preexistente a la construcción, y en el caso de que no la llevaran a cabo los acusados, deberá ejecutarse a costa de los mismos por parte del Ayuntamiento de Santiago-Pontones.

Los hechos probados de la sentencia indican que un hombre y una mujer, en calidad de promotores y constructores, con posterioridad al mes de mayo de 2009 llevaron a cabo la construcción de una vivienda unifamiliar de 90 metros cuadrados, con porche adosado, piscina, caseta y barbacoa, en el Cortijo de Vites, perteneciente a Santiago-Pontones (Jaén).

Según la sentencia, estas obras de construcción, que también ejecutó otro hombre en su condición de albañil, no son susceptibles de legalización conforme a la LOUA, las normas subsidiarias de Santiago-Pontones, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén y el Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura.

Fuente: Jurismadrid

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