Guarda y custodia: El cambio de residencia de los menores a otra ciudad precisa autorización judicial

AP A Coruña, Sec. 4.ª, 9-3-2012

La madre, a quien por sentencia de divorcio se había atribuido la custodia, solicitó autorización judicial para trasladarse con sus hijos desde Galicia a Madrid por motivos laborales, alegando la existencia de otras vinculaciones familiares, a lo que el padre se opuso alegando que no se trataba de un traslado forzoso, sino totalmente voluntario y buscado con anterioridad. El Ministerio Fiscal apoyó la petición materna, pero el auto dictado por el Juzgado de 1.ª Instancia la denegó por considerar que, si bien es lícita la mejora en el puesto de trabajo, esto afectaría a las relaciones de los menores con su padre.

La Audiencia Provincial, sin embargo, autoriza el traslado y considera que la vinculación de la madre con la ciudad y la oferta de un mejor puesto de trabajo, unido a la falta de arraigo de los menores a Galicia por su corta edad, justifican no prohibirlo, sin perjuicio de que sea necesario ajustar el reparto de tiempos, a través del oportuno procedimiento de modificación de medidas. Además, entiende la Sala, no se puede condicionar esta autorización a que dicho cambio tenga que ser ineludible, forzoso u obligado.

Finalmente, añade que la decisión sobre la residencia habitual de los hijos menores forma parte del contenido de la patria potestad, lo cual no impide reconocer un plus al progenitor que tenga otorgada su guarda y custodia.

Fuente: Sepin

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Comunidad Propietarios: El Supremo declara nulos los acuerdos adoptados en ruegos y preguntas

Nulidad de un acuerdo adoptado en “ruegos y preguntas”

TS, Sala Primera, de lo Civil, 12-1-2012
Jurisprudencia Comentada por Departamento Jurídico de SEPIN

Nuevamente, los asuntos a tratar en Junta de Propietarios son objeto de comentario en nuestro boletín.

En principio, no existe la menor duda de que han de figurar en el orden del día, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2010. Ahora bien, en anteriores boletines hacíamos referencia a la Sentencia del Alto Tribunal de 28 de junio de 2011, dónde se admite que bastará con hacer constar las materias sin que se exija con exhaustividad la exposición previa de todos los datos precisos para la deliberación.

En este caso, el Tribunal Supremo, en la resolución objeto del presente estudio, rechaza, como no podía ser de otra manera, un acuerdo adoptado en el apartado “ruegos y preguntas”. La peculiaridad del caso es que se trata de unas instalaciones por importe de 41,66 euros por propietario.

Por lo expuesto, recomendamos a las Comunidades que tengan sumo cuidado en no acordar nada en el punto de “asuntos varios” o “ruegos y preguntas”, por lo menos si afecta a cuestiones económicas, pero que tampoco tengan miedo de seguir utilizando este sistema para comentar cuestiones comunes sin mayor trascendencia en el repetido apartado de la Junta de Propietarios.

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Comunidad Propietarios y Ley Protección de Datos

Cesión de datos de los vecinos de la Comunidad

Puede ocurrir que el Presidente de una Comunidad de vecinos solicite al administrador de fincas los datos (nombre, apellidos, teléfono…) de todos los vecinos. ¿Es legal?

Cesión de datos

El hecho de conocer por cualquier propietario el listado de todos los  propietarios o vecinos implica necesariamente una comunicación o cesión de  datos.

LOPD

La comunicación de datos está en la Ley de Protección de Datos de Carácter  Personal (LOPD) y se prevé que los datos de carácter personal objeto del  tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de  fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del  cesionario con el previo consentimiento del interesado, salvo que una Ley prevea  otra cosa.

Atención. Será necesario para que los propietarios puedan  obtener el listado de vecinos que cada uno de éstos haya sido informado de esta  posibilidad y haya expresado su consentimiento en este sentido.

Estatutos de la comunidad

Si en los Estatutos (o en una Ley) no se prevé esta posibilidad es necesario  saber que si los datos de los vecinos son objeto de tratamiento en una base de  datos y han sido cedidos a los demás propietarios, debería poder acreditarse que  cada uno de los propietarios ha sido informado previamente y ha dado su  consentimiento.

Apunte. Lo que habrá que tener en cuenta es el contenido del listado que se  prevé en los Estatutos ya que en principio el facilitar datos distintos del  nombre y apellidos y dirección podría ser una información excesiva.

El hecho de formar parte de la Comunidad de vecinos indicada implica el  consentimiento de aceptación de su Estatuto y si en el mismo se prevé la  posibilidad de que cualquier vecino que lo solicite pueda disponer de un listado  de los mismos, el hecho de que se le facilite será legítimo o legal.

Fuente: Vlex

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Atribución del uso de la vivienda al progenitor custodio pese a no solicitarse en la demanda

TS. Sala Primera, de lo Civil, 21-5-2012.
La cuestión planteada consiste en determinar si en un procedimiento matrimonial, en el que las partes no han pedido la atribución de la vivienda familiar, se aplica, como afirma la sentencia recurrida, el principio de congruencia y, por tanto, si ello impide o no que el Tribunal se pronuncie.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 91 CC, el art. 774.4 LEC repite que el Juez determinará en su propia sentencia, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, las medidas relativas a la vivienda familiar. Concluye que no puede alegarse la incongruencia cuando las partes no hayan formulado una petición que afecta al interés del menor, que deberá ser decidida por el Juez, en virtud de la naturaleza de “ius cogens” que tiene una parte de las normas de los procedimientos matrimoniales.
De acuerdo con lo anterior y con la doctrina ya formulada en la STS 221/2011, de 1 de abril, “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 CC”. Añade que la atribución del uso de la vivienda familiar es una forma de protección y se aplica con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son sus propietarios.

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Mobbing: Un Ayuntamiento condenado por vulnerar el derecho fundamental a la dignidad de una trabajadora

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra una sentencia del pasado mes de febrero que condenaba al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 4.600 euros a una trabajadora por «vulnerar el derecho fundamental a la dignidad». El nuevo fallo judicial confirma la indemnización a Lorena Blanco y además impone al Ayuntamiento el pago de las costas y los honorarios del letrado de la trabajadora en una cuantía de 600 euros. El Ayuntamiento puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El abogado de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), Manuel Mendoza, que defiende a Lorena Blanco, señaló que queda aún otro recurso por resolver contra otra sentencia del pasado mes de marzo que obliga al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora y a abonarle los salarios dejados de percibir desde su despido el 31 de octubre de 2011. La trabajadora ya había sido despedida por primera vez en el año 2008.

La trabajadora ya tuvo que ser indemnizada con más de 3.000 euros por otra sentencia, por ser despedida del puesto de intermediación laboral que ocupaba en el Ayuntamiento. Después de la indemnización de 3.000 euros, el juzgado también obligó al Ayuntamiento a abonarle un sueldo de 40 euros al día durante un tiempo, al no ser readmitida en su puesto de trabajo y mientras se resuelve el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la readmisión de la trabajadora.

El fallo judicial del pasado día 18 confirma la sentencia de febrero del juzgado de lo Social número 2 de Avilés y afirma que el Ayuntamiento «vulnera el derecho fundamental a la dignidad» al tener que readmitir a la trabajadora y no darle trabajo, ni lugar, ni medios para desempeñarlo.

USIPA tiene presentada una querella contra la alcaldesa, Ángela Vallina (IU), por acoso laboral en la que solicita penas de un año de prisión e inhabilitación para cargos políticos. Todas las sentencias judiciales de este largo pleito han dado la razón a la trabajadora, según explicó su abogado. «Los fallos judiciales acreditan los derechos de las trabajadora», concluyó el letrado.

Fuente: Jurismadrid

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