Hacienda acepta ahora dinero en efectivo en la amnistía fiscal

El Gobierno mirará para otro lado y avalará la regularización de dinero en efectivo con el único requisito de que se deposite en un banco antes de presentar la declaración de la amnistía.

Para atraer a todos los capitales, se permite que regularicen sociedades pantalla y otros entramados. El objetivo es aflorar 25.000 millones de euros y recaudar 2.500 a través del gravamen del 10% que prevé la amnistía, unas cifras en las que Bruselas no confía y no ha contado en sus previsiones de primavera, que auguran que España no va a cumplir con el objetivo del déficit de 2012.

Hacienda ofrece así todas las facilidades para regularizar en la amnistía fiscal que ha lanzado. En lo que parece un intento a la desesperada de recaudar, quiere atraer también el dinero en efectivo sea cual sea su origen.

El Real Decreto-ley de 30 de marzo que acompañó a los Presupuestos establece que sólo pueden entrar en la amnistía las cuentas y bienes cuyo origen y titularidad pueda acreditarse antes de 31 de diciembre de 2010. Es decir, dejaba fuera el dinero en efectivo. Sin embargo, la Orden Ministerial que ultima Hacienda, a la que ha tenido acceso Expansión.com, establece que para regularizar dinero en efectivo basta con depositarlo en el banco antes de acogerse a la amnistía.

Los juristas a los que ha consultado este diario destacan que la fórmula de avalar el efectivo a través de su ingreso en una cuenta se establece para atraer capitales a los bancos españoles.

El hecho de que no haya que acreditar su origen, lo que contradice el propio Decreto de la amnistía, da cuenta, a juicio de estos expertos, de la situación de emergencia en la que se encuentra España, sobre todo porque al mediar varios meses de plazo se fomenta que se realicen operaciones en negro hasta 30 de noviembre, fecha límite de la amnistía, que luego podrán regularizarse sin preguntas.

Fuente: Expansion. com

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El juez “debe seguir midiendo la razonabilidad del despido”

El trámite parlamentario de la reforma laboral deberá aclarar si la razonabilidad -como requisito legal para que el empresario despida por causas económicas- seguirá utilizándose por los jueces, o si bastará el criterio objetivo de la existencia de pérdidas en la empresa durante tres trimestres consecutivos. Los expertos, sin embargo, lo tienen claro: lo conveniente es que los jueces de lo social sigan aplicando la razonabilidad.

 

Es una de las conclusiones alcanzadas por los profesionales que aplican la norma, reunidos un desayuno jurídico organizado por la revista Iuris&Lex. Este punto de la reforma “preocupa mucho” y “debería aclararse durante el trámite parlamentario” de la norma, según declaró Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo Superior de Colegios de Graduados Sociales.

En caso contrario, existe consenso entre los ponentes en que dejar la tarea de interpretar la norma a los jueces desembocará en “resoluciones contradictorias”, aunque, en opinión de Ignacio Ramos, de Peña Abogados, “es una opinión bastante extendida” que los jueces de lo social seguirán guiándose por este criterio subjetivo. La misma opinión expresó Juan Fernández Henares, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, quien aseguró que “aunque la ley es así de clara, todavía deben analizar la razonabilidad”. Fernández se centró, además, en que la reforma “ha sido poco valiente en el fomento de la contrata.

Salarios de tramitación

Otro tema clave es la eliminación del despido exprés, que permitía al empresario reconocer automáticamente la improcedencia de la extinción del contrato, algo que podía no ser real y que se utilizaba para evitar el proceso y el pago de salarios de tramitación. En este punto, Ramos recordó que, con la reforma, se crea incertidumbre sobre las consecuencias fiscales de la indemnización al trabajador por despido reconocido como improcedente. Tal y como queda redactado el Estatuto de los Trabajadores, si realmente no existe improcedencia, las indemnizaciones “no serán legales y no estarán exentas”.

En cuanto a la eliminación de la autorización previa de la autoridad laboral en los despidos colectivos o en los casos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, para San Martín, supone “un acto generoso de avance legislativo”.

‘Cláusulas de descuelgue’

Los invitados también hablaron sobre las llamadas cláusulas de descuelgue, que abren las puertas a nuevas posibilidades de intervenir en la resolución de discrepancias entre empresa y trabajadores, al permitir que lo negociado entre las partes prime sobre el convenio sectorial. Sobre este punto, Martín Borrego Gutiérrez, director general de la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), reivindicó el papel de mecanismos como el arbitraje o la mediación para descargar la alta litigiosidad.

Además, sobre la carga extra para los tribunales que pueda suponer la impugnación de los despidos que el trabajador vea improcedentes, Ramos aseguró que una opción es “penalizar vía costas”. San Martín, por su parte pidió sancionar al profesional, “no a la parte”, ya que las reclamaciones sin sentido “no las hace el trabajador”.

Fuente: El Economista.es

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