Dudas sobre venta de acciones. ¿Es competente el juez mercantil o el civil?

El juez mercantil no puede dirimir dudas sobre venta de acciones

El hecho de que el objeto de un contrato de compraventa sea la venta de participaciones sociales no le atribuye competencia a los Juzgados de lo Mercantil para entender de pretensiones de validez, nulidad o incumplimiento de dichos contratos. Por el contrario, será competente el Juzgado de Primera Instancia, según ha declarado la Audiencia Provincial en su auto de 26 de marzo de 2012.

 El ponente, el magistrado Gómez Sánchez, resuelve así un supuesto en que tanto el Juzgado de Primera Instancia como el de lo Mercantil se negaron a conocer de la demanda interpuesta por una empresa en relación a un contrato de compraventa de acciones por entender ambos que carecían de competencia objetiva.

Comparte el ponente el razonamiento del Juzgado de lo Mercantil por el que negó su competencia, al interpretar que lo debatido en el litigio no era una cuestión societaria, sino una controversia relativa a la eficacia de un contrato de compraventa de participaciones sociales y, acumuladamente, una acción contra persona a la que se involucra en el proceso en calidad de socio de una mercantil y no en ejercicio de acción de responsabilidad de administradores societarios.

Recuerda el auto que según el artículo 86 ter, 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de a) todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas”.

Acción de nulidad

Ahora bien, en este caso, afirma el magistrado, la demanda cuya admisión a trámite se rechazó por la resolución ahora apelada “no se ejercita pretensión alguna al amparo de dicha normativa toda vez que lo que en ella se postula es, esencialmente, una acción de nulidad de un contrato de compraventa de participaciones por la concurrencia de error como vicio del consentimiento”. Y, subsidiariamente, continúa el auto, “una acción de resolución del mismo contrato por razón de incumplimiento, así como, en definitiva, las acciones restitutorias y resarcitorias propias de esas formas de ineficacia negocial”.

Bajo estos argumentos concluye que “tal cuestión no está regulada por la normativa societaria, sino por las normas del Código Civil reguladoras de las obligaciones y contratos” y que el hecho de que el objeto de la compraventa sean acciones de una sociedad “no es una cuestión determinante de la normativa aplicable, pues la disciplina legal reguladora de la pretensión ejercitada no es la normativa reguladora de las sociedades mercantiles sino el Código Civil”.

Fuente: El Economista.es

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Cambio criterio DGRN:La escritura no puede inscribirse sin probar que se pagó a Hacienda

La presentación de una escritura ante el registro de la propiedad deberá incluir justificación del pago del impuesto correspondiente para que el registrador pueda calificarla e inscribirla, por lo que, en caso contrario, sólo se podrá extender el asiento de presentación.

 La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) cambia de rumbo con esta resolución y vuelve a su doctrina clásica, “más conforme” con la literalidad de la Ley Hipotecaria y a las últimas sentencias en esta materia, en las que se entiende que prima el cumplimiento de las obligaciones fiscales sobre la protección de los intereses del administrado.

En este caso se presentó en el Registro de la Propiedad telemáticamente copia autorizada de una escritura de préstamo hipotecario, de forma que, en garantía de un préstamo, se hipotecaban dos fincas, distribuyéndose la responsabilidad entre ambas. El registrador practicó el asiento de presentación y suspendió la calificación, de acuerdo con lo dicho en el artículo 255 de la Ley Hipotecaria, al no haberse acreditado la liquidación del impuesto.

Interpretación de la ley

El artículo 255 de la Ley Hipotecaria establece que “podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto”, si bien en ese caso “se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada, y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que pague el impuesto”.

Sin embargo, la DGRN venía entendiendo que este artículo, en relación con el 224, debía interpretarse en “un sentido favorable al administrado”, permitiendo al registrador calificar e inscribir la escritura, y negándose por tanto que éste pudiera simplemente extender el asiento de presentación.

Esta postura, ahora revocada, se basaba en agilizar el tráfico y su seguridad, ya que, admitiendo la calificación e inscripción, “el otorgante del título o cualquier interesado en su inscripción podrían conocer la totalidad de los defectos sin necesidad de esperar a nuevas decisiones del registrador.

Sin embargo, esta interpretación “se ha visto desvirtuada por reiteradas sentencias judiciales que han declarado la nulidad de varias de las resoluciones que consagraban dicha doctrina”. Así, la DGRN entiende ahora que es “claro y determinante” el veto a cualquier actuación registral “si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales”.

La conclusión es que, en caso de falta de acreditación de la liquidación, el registrador podrá practicar el asiento de presentación y suspender la calificación, y sólo cuando se acredite tal requisito, deberá calificar globalmente en el plazo de quince días.

Fuente: El Economista.es

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Aprobada la interconexión de registros mercantiles en la UE

  • Se mejorará la obtención de información sobre empresas

El Consejo Europeo adoptó ayer la Directiva por la que se creará un sistema para la interconexión de los registros comerciales, centrales y mercantiles en el ámbito de la Unión Europea, una iniciativa con la que se pretende mejorar el acceso a información actualizada y fiable sobre las empresas que operen en el ámbito comunitario.

 Se culmina así un proceso que se inició en 2009, con la publicación de un Libro Verde en el que se exploraban opciones para mejorar el acceso a información de las distintas empresas. La Directiva adoptada parte de un acuerdo previo con el Parlamento Europeo en primera lectura, y de la propuesta de la Comisión de febrero de 2011.

Hacia unos datos más estandarizados

El texto supone el compromiso de todos los Estados miembros de permitir la comunicación electrónica entre sus registros y transmitir datos a los usuarios individuales de forma estandarizada, con un contenido idéntico y tecnologías interoperables en toda la Unión.

En este sentido, el portal europeo e-Justice servirá como una de las plataformas para el acceso electrónico a toda la información registral. La Directiva recoge expresamente que la interoperabilidad de los registros debe garantizarse y, para ello, se utilizará una plataforma central europea, que será un conjunto centralizado de herramientas y servicios de tecnología de la información utilizado por todos los registros nacionales.

La nueva normativa deberá enfrentarse a problemas diversos, como la disparidad entre la información registrada en cada país miembro, o el grado de actualización de los datos requeridos a las empresas. Del mismo modo, las especificidades lingüísticas y técnicas de cada Estado pueden complicar la tarea. Sin embargo, se supera uno de los principales escollos del proyecto: la ausencia de un código identificativo único para cada empresa que permita identificarlas claramente y seguir el rastro en situaciones transfronterizas.

Con la nueva Directiva, las empresas y sus sucursales en otros Estados miembros tendrán un identificador único que permitirá que reconocerlas inequívocamente.

Actualmente ya existe un mecanismo de cooperación voluntaria, pero se limita a ciertos tipos de información y no cubre todos los Estados de la Unión Europea.

Fuente: El Economista.es

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Claves para los accionistas y clientes de Bankia

Los depositantes y bonistas pueden estar tranquilos. Las mayores dudas tras la nacionalización las concentra la evolución futura del valor en Bolsa.

Los ahorradores y clientes de Bankia pueden respirar tranquilos después de la entrada del Estado en la entidad. La nacionalización del cuarto banco español, lejos de sembrar inquietud entre los depositantes o bonistas, puede leerse como un paso que reforzará su solvencia. La seguridad con la que cuentan ahora los clientes es mayor que hace una semana, por lo que no debe cundir la alarma, tal y como recalcó el viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos. Diferentes serán las cosas para los accionistas. Los inversores que confiaron su dinero a un proyecto de reestructuración y sinergias hace menos de un año y una salida a Bolsa que se convirtió casi en una cuestión de Estado no han recibido más que golpes. Bankia se esforzó por vender la OPS en su red y el amplio respaldo minorista resultó determinante para asegurar su debut. Un voto de confianza que ha salido muy caro a quienes confiaron en la entidad.

La debilidad del negocio bancario, el entorno económico y las incertidumbres que se abren para Bankia, en proceso de saneamiento, amenazan con continuar penalizando al título en Bolsa. La buena noticia es que se están dando los pasos necesarios para restablecer la estabilidad en la entidad, algo que de no haberse dado podría haber desatado un escenario más sombrío aún para sus accionistas. Por ello, aunque el corto plazo se presenta incierto también habrá que ver si la nueva directiva es capaz de dar impulso a la acción.

Accionistas. Cae el 44,8% desde su debut y persiste la presión bajista

La revolución que se vive en Bankia ha supuesto un duro golpe para los accionistas y se teme que la sangría bursátil continúe hasta que no se despeje el futuro de la entidad. El cambio en la cúpula directiva y la entrada del Estado en el accionariado de BFA, matriz de Bankia, evidencian la delicada situación que atraviesa la entidad pero al mismo tiempo suponen un gran paso para garantizar su futuro. Con la conversión en acciones de los 4.465 millones de euros en preferentes que tenía BFA, el Estado pasará a controlar el 45% de Bankia, una toma de control indirecta de la entidad cotizada que marca el inicio de un plan de saneamiento. BFA no cotiza en Bolsa y, por tanto, al pasar el Estado a controlar esta entidad, en principio, la nacionalización no afecta de forma directa a los accionistas de Bankia. Los títulos se seguirán negociando en el mercado con el matiz de que su matriz, BFA, ahora está controlada al 100% por el Estado.

La limpieza de BFA se valora positivamente pues reduce incertidumbres sobre el futuro de la cotizada, pero aun así Bankia acumula recomendaciones de venta. Los motivos que aducen los expertos para aconsejar reducir o vender el valor es el temor a una fuerte dilución futura para el accionista, así como las débiles perspectivas de negocio bancario en un entorno de recesión económica y con las exigencias de capital al alza. Las provisiones adicionales que debe dotar el sector para sanear su exposición al ladrillo hacen temer nuevas operaciones de recapitalización o la fusión de la matriz y Bankia, escenarios ambos que impactarán de manera significativa en la cotizada al diluir a los accionistas actuales. El dividendo que Bankia tenía previsto proponer a la junta de accionistas también queda en el aire tras la entrada del Estado en su matriz.

Ante este escenario, Bankia ha caído un 44,8% en Bolsa desde su estreno bursátil y solo esta semana ha retrocedido un 15,6%, lo que ha situado la capitalización bursátil en 4.129,5 millones de euros. Un castigo que se ha visto agravado también por la creciente desconfianza del mercado hacia el riesgo España. El precio objetivo medio del consenso recopilado por Bloomberg está en los 2,77 euros, pero hay firmas como JP Morgan (1,7), Nmas1 (1,3) o Inverseguros (1,8) que creen que el valor vale mucho menos, según las estimaciones que han actualizado esta semana.

Bonistas. El pago del cupón es hoy más seguro

Los acreedores de las diferentes modalidades de deuda de Bankia pueden respirar tranquilos. El respaldo del Gobierno asegura más que antes el pago de los intereses de la deuda. La historia reciente también es favorable. Los bonistas de las entidades financieras intervenidas hasta la fecha no han recibido quitas en los créditos que mantenían. Solo en el caso de que llegase a producirse una liquidación de la entidad, algo totalmente improbable, los acreedores sufrirían quitas en función del tipo de deuda que posean.

Desde el estallido de la crisis tan solo los bonistas de Lehman Brothers se han visto afectados y la lista de entidades que han requerido ayudas públicas es largo. Cuando una entidad se liquida el orden de prelación establece la prioridad de reembolso que tienen los inversores. Empezaría con descuento para los acreedores de deuda sénior, e iría aumentando para la deuda subordinada, las preferentes o convertibles. Pero la liquidación, a día de hoy, está descartada.

Preferentes. Los inversores quedan atrapados hasta 2013

Los inversores que canjearon preferentes por acciones de Bankia el pasado mes de marzo se encuentran atrapados. No podrán vender hasta 2013 si quieren recuperar la totalidad de su inversión inicial. Las condiciones del canje especificaban que solo recibirían el 75% del nominal de su inversión en acciones. Para llegar al 100% deberían conservar los títulos hasta 2013. Pese a esta condición, el canje tuvo un éxito abrumador. Más del 90% aceptó la propuesta para obtener liquidez y poder salir de una inversión perpetua, sin plazo de amortización. El canje se produjo a 3,3 euros, lejos de los 3,75 a los que debutó el valor el pasado verano y el problema es que quienes esperen a 2013 se arriesgan a que la acción continúe a la baja. A su favor cuentan con la posibilidad de que el cambio en la cúpula y el nuevo plan estratégico de la entidad convenzan al mercado y ayuden a su recuperación bursátil pero los ex titulares de preferentes tienen difícil no sufrir pérdidas.

No son los únicos que se han visto afectados por estas inversiones. Todavía quedan 3.100 millones de euros en preferentes de Caja Madrid que cotizan con un fuerte descuento. Está por ver si la entidad da liquidez a estos títulos. Hay expertos que no descartan que los conviertan en acciones. Por otra parte, el pago de cupón de estas preferentes también está en el aire puesto que está supeditado a que la entidad obtenga beneficios. Todas las entidades nacionalizadas desde que estalló la crisis han congelado el pago de estos cupones al aflorar pérdidas como consecuencia del deterioro económico.

Depositantes. Los ahorros de los clientes se encuentran a salvo

La entrada del Estado en Bankia reforzará la solvencia de la entidad y por tanto los depósitos de los ahorradores estarán ahora más seguros que antes de tener el respaldo de las arcas públicas. Ninguna de las entidades intervenidas durante el actual proceso de reestructuración del sistema financiero ha tenido problemas para garantizar los depósitos de los clientes. En última instancia, en un caso extremo e improbable de quiebra de la entidad, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) garantiza hasta 100.000 euros por cliente y entidad. El límite se fijó a finales de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers para restablecer la confianza en el sistema financiero europeo por miedo a una fuga de capital.

Los clientes que deseen recuperar sus inversiones en ciertos productos sí deberán repasar bien las condiciones que firmaron para cada uno pues es cierto que pueden tener que afrontar penalizaciones si reembolsan su dinero antes del plazo establecido. Los titulares de pagarés, por otra parte, no están cubiertos por el FGD.

Hipotecados. La deuda con la entidad se mantiene

Los clientes de Bankia que tengan una hipoteca con la entidad deberán seguir pagando sus cuotas mes a mes como hasta ahora pese a los cambios recientes. En el caso de que la cartera hipotecaria de Bankia se traspasara a otra entidad, los clientes seguirían manteniendo su deuda.

Contribuyentes. Las ayudas y su efecto en la deuda sobre PIB del Estado

La entrada del Estado en BFA, matriz de Bankia, tendrá implicaciones para los contribuyentes. La conversión de los 4.465 millones de euros que el FROB tenía en preferentes de la entidad se convierten en capital de BFA, lo que implica que el Estado dejará de recibir los intereses anuales de casi el 8% que cobraba a la entidad por el préstamo. La decisión supone un alivio para BFA, al quitarle una pesada carga en un momento económico complejo. El contrapunto es que la devolución de las ayudas estatales se demorará, con el impacto que ello supone para los contribuyentes.

La otra gran incógnita está en saber el impacto final que tendrán las ayudas adicionales que pueda requerir Bankia en la deuda sobre PIB del Estado. El ministro De Guindos aseguró ayer que la reforma financiera no tendrá costes para el contribuyente, pero fuentes del mercado estiman que Bankia requerirá entre 7.000 y 12.000 millones de euros para hacer frente al deterioro de los activos inmobiliarios. Una cifra que no está contemplada en las estimaciones del Gobierno para este año. Según los Presupuestos Generales del Estado, se espera que la deuda pública alcance el 79% del PIB este año, una cantidad que no incluye en su totalidad el uso de los 6.000 millones de euros con los que el Gobierno reforzó el FROB el pasado mes de febrero. Está por ver, por tanto, de dónde sale el dinero para sanear la entidad.

Fuente: Cinco Dias.com

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Guia para entender la reforma financiera

Tres, dos, uno… Fantan horas para que el Gobierno saque a la luz una nueva reforma financiera que será clave para el futuro de nuestro sistema bancario, especialmente cuando la polvareda levantada por la nacionalización de Bankia está aún en el ambiente. Nuevos términos técnicos comienzan a invadir la primera plana de la actualidad económica, pero descienden también al bolsillo de cada ciudadano. Y es que la vuelta del credito, tan ansiada por los ciudadanos y pymes españolas, depende en buena parte de la letra pequeña de la nueva regulación. A continuación sigue una guía para comprender términos clave de la reforma:

– “Banco malo”: El conocido popularmente como “banco malo” es una fórmula utilizada por varios países europeos, como Suecia, Alemania, Irlanda o Reino Unido, para sanear a sus entidades. Aunque hay diferentes modelos, el objetivo es siempre el mismo: apartar los activos tóxicos para despejar dudas sobre la salud del sistema financiero. En España, no se creará un banco malo, sino una sociedad inmobiliaria que aglutinará el riesgo promotor de las entidades que así lo deseen.

– Inyección de dinero público: La capitalización de estas entidades conlleva la inyección de dinero público, si bien la intención es que no sea a fondo perdido. Es decir, estas sociedades deberán ser gestionadas y, posteriormente, sacados sus activos a la venta para que el Estado, y los contribuyentes, recuperen los fondos.

– “CoCos”: Es la abreviatura de “convertible contingente” y es el término utilizado en el argot financiero para denominar a unos bonos que llegaron a España de la mano de la reforma financiera del pasado mes de febrero. Su principal singularidad es que se convierten necesariamente en acciones ordinarias, incluso contra el deseo de sus titulares, cuando el nivel de recursos propios de la entidad emisora desciende por debajo de cierto nivel. El Gobierno utilizará este fórmula para cubrir los agujeros que puedan surgir en el balance algunos bancos tras dotar las nueva provisiones.

– Activos tóxicos: Según datos del Banco de España, las entidades españolas están “contaminadas” por 184.000 millones de euros que prestaron a los promotores de viviendas en la época de la burbuja y que a día de hoy han dejado de pagar o hay un riesgo claro de que vayan a empezar a hacerlo. Estos cuentan con un colchón de provisiones con el que afrontar pérdidas que ya fue engordado el pasado mes de febrero por el Ministerio de Economía.

– Activos “sanos”: Sin embargo, las mayores dotaciones sobre los activos tóxicos no han sido suficientes para despejar las dudas sobre nuestro sistema. Por ello, el Gobierno prepara una nueva tasación de los activos inmobiliarios, que suponen 124.000 millones en todo el sector, para adecuar su valoración a los precios actuales, muy alejados de los de la época del “boom”.

– Provisiones: La diferencia de valor que arroje la nueva tasación deberá ser provisionada. En la práctica, los bancos españoles han ido guardando una parte de sus beneficios en previsión de que nunca recuperen una parte de esos créditos, de manera que no tengan que asumir de golpe las eventuales pérdidas en la cuenta de resultados. Básicamente esto es lo que se conoce en el lenguaje contable como “provisionar” un riesgo. Las entidades han provisionado hasta la fecha casi 128.000 millones de euros.

Fuente: abc.es

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