Denuncia falsa: Condenada a pagar una multa de 3.240 euros por presentar una denuncia falsa contra su exmarido

Una mujer ha sido condenada a pagar una multa de 3.240 euros por presentar una denuncia falsa contra su exmarido, al que acusó de haberla insultado y propinado un fuerte empujón en la calle.

    La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha confirmado este pena al desestimar un recurso presentado por la mujer, P.P.P, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander por la que se le impuso esta condena.

    En su sentencia, la Audiencia considera “demostrado” que el contenido de la denuncia de P.P.P., que incluso llegó a pedir una orden de alejamiento contra su exmarido fue “falso” a la vista del testimonio del denunciado, que llegó a ser detenido por la Policía Nacional, y de otros dos testigos ajenos a la pareja implicada que negaron la realidad de las imputaciones de la mujer.

    Según la mujer, el 14 de abril de 2010 su exesposo la insultó y la agredió enfrente de un bar de la calle Calderón de la Barca de Santander, al haberle propinado un “fuerte empujón” para arrebatarle a su hija común.

    Así la Audiencia acepta las conclusiones del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander al considerar que la mujer denunció a su marido “con la intención de perjudicarle” al ser “perfecta conocedora de que era falso que se hubiese producido tal agresión”.

    A la mujer, que ha sido condena a la recurrente a pagar las costas del recurso, se le imputa un delito contra la Administración de Justicia por denuncia falsa y simulación del delito, ya que en el informe del reconocimiento médico forense que se le realizó tras su denuncia se recoge, siguiendo las manifestaciones de la mujer, que necesitó de tratamiento médico farmacológico –relajantes y anti-inflamatorios– para sanar de las lesiones provocadas por la agresión, que supuestamente habían tardado en curar ocho días.

Fuente: Jurismadrid. es

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Obligación de pagar los gastos comunes derivados de servicios, aunque no se disfruten

La Sala Primera, de lo Civil,  del Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de febrero de 2012, ha resuelto que:

“Se trata de un problema habitual en las Comunidades de Propietarios, pero la respuesta, avalada por la sentencia citada, siempre debe ser la misma. Si se trata de gastos generales (en este caso, canon de playa, agua caliente, centralita y gastos de seguridad social y salarios inherentes a dicha centralita), todos deberán hacer frente al pago de los mismos, pues así lo exige el art. 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal, salvo que haya cláusula de exoneración al amparo del art. 5, párrafo tercero, sin que el hecho de que accedan o no a estos servicios los titulares, por ejemplo, de los locales, tenga por sí mismo trascendencia jurídica, pues las circunstancias específicas de esa determinada propiedad ya se debieron tener en cuenta cuando se fijó la cuota de participación.

La resolución hace referencia a la STS de 29 de mayo de 2009, que declara, como doctrina jurisprudencial, que “para la procedencia de la consideraci ón legal como individualizables de determinados gastos comunes de una comunidad de propietarios, es necesaria la determinación de su exclusión en el Título Constitutivo, o, en su caso, en los Estatutos comunitarios, y, asimismo, mediante acuerdo de la Junta de Propietarios adoptado por unanimidad”.

Además, y aunque no sea el objeto de la sentencia, consideramos necesario aclarar que tampoco existe exoneración en el pago porque de manera voluntaria se dejen de utilizar los servicios o elementos comunes, como establece el art. 9.2, por tener la casa cerrada o por han decidido no usar la calefacción, el garaje, la piscina, etc. Son decisiones que no repercuten en los demás y que nunca supondrán derecho alguno para negarse a satisfacer la parte que le corresponda, a pesar de que el servicio no funcione como debiera, ya que en estos supuestos podrá exigirse una mejor prestación, pero nunca renunciar a participar en el elemento general del inmueble.”

Fuente: Sepin.es

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El Ejecutivo garantizará que la indemnización por despido siga sin tributar

(Cinco Días, 13-04-2012)

 El Ministerio de Hacienda está diseñando una fórmula de procedimiento legal, que incorporará a través de una enmienda a la reforma laboral, para que la norma garantice que la indemnización por despido improcedente siga exenta de tributación.

Desde el pasado 12 de febrero -cuando entró en vigor la reforma laboral del PP- los laboralistas y responsables de recursos humanos de las empresas han denunciado la existencia de un vacío legal para que el procedimiento en caso de despido improcedente siga garantizando que no se paguen impuestos por esta indemnización, tal y como fija la ley.

Antes de 2002, para que estos pagos quedaran exentos se necesitaba como mínimo que el acta de conciliación reconociera la improcedencia del despido. Tras esta fecha, la reforma laboral del Gobierno de José María Aznar creó el despido exprés y ya no hacía falta acudir a los servicios de mediación y arbitraje para reconocer en el acto de conciliación la improcedencia del despido; bastaba con que el empresario reconociera expresamente (por escrito) dicha improcedencia antes del acto de conciliación.

Pues bien, ahora la reciente reforma de Mariano Rajoy ha eliminado fulminantemente de la legislación el despido exprés, por lo que se abre la duda de si vuelve a hacer falta o no el reconocimiento expreso de la improcedencia en los servicios de mediación o arbitraje para no tributar por la indemnización.

Por este motivo, la Dirección General de Tributos ha recibido numerosas consultas por este tema. La decisión de los técnicos de Hacienda ha sido dar solución a este vacío normativo en la propia ley, a través de una enmienda del PP a la reforma laboral, y no con una resolución administrativa, según han informado fuentes de este departamento.

Se aconseja ir a conciliación
A la espera de que se solvente esta laguna del procedimiento, la mayoría de los asesores sindicales de las empresas está aconsejando que vuelva a actuarse como antes del año 2002, en aras a garantizar esa exención fiscal. Esto, no obstante, puede empezar a provocar cierto caos en los servicios de mediación y arbitraje (SMAC), ya que desde 2002 el 65% de los despidos eran exprés y no necesitaban el acta de conciliación.

Por ejemplo, la guía de la reforma laboral elaborada por la consultora PwC aconseja que “a partir de la reforma la improcedencia se reconocerá en el acto de conciliación o será declarada en sede judicial. La imposibilidad de que el propio empresario reconozca la improcedencia del despido producirá una ralentización de la formalización del despido, puesto que aun cuando el trabajador tenga derecho a la prestación por desempleo, la exención fiscal de las indemnizaciones por despido improcedente volverá a colapsar los ya saturados servicios de conciliación”.

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Guardia Civil. Requerimiento irregular

Una empresa dedicada a la hostelería ha recibido la visita de un guardia civil, solicitándole verbalmente entre otros documentos los TC2 de la empresa, partes de alta de los trabajadores y contrato de arrendamiento del local. ¿Se deben entregar los documentos relacionados con los trabajadores y el contrato de arrendamiento?

 Inspectores de trabajo

Sólo los inspectores de trabajo en el ejercicio de sus funciones tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados para poder entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo el tiempo que considere necesario para el ejercicio de sus funciones, respetando la inviolabilidad del domicilio.

Apunte. La única limitación a esta facultad se produce cuando el centro de trabajo coincide con el domicilio de la persona física afectada; en este caso debe contar con el expreso consentimiento del titular del domicilio o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Altamente irregular

Es extremadamente extraño que un guardia civil solicite los documentos de alta de trabajadores, TC2 y contrato de arrendamiento, por lo que, no es aventurado poner de relieve la irregularidad de tal proceder en cuanto no entra dentro de las facultades de dicho cuerpo, en tanto en cuanto no viene acompañado del inspector de trabajo, y tampoco se aporta una autorización o mandamiento judicial de entrega de dicha documentación. En vista de ello, la documentación requerida verbalmente no debe ser entregada.La empresa debe exigir orden judicial y ampliación sobre los motivos de dicha petición.

Apunte. Se ha de tener en cuenta que un guardia civil sin mandamiento judicial no puede, en caso de desobediencia, levantar un acta de obstrucción como las que sí puede levantar un inspector.

La empresa debería negarse a facilitar documentación a un guardia civil que se persone sin mandamiento judicial y sin un inspector de trabajo.

Fuente: Disjurex-com

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Absolución de delito contra la seguridad vial del art. 379.2 CP por falta de contraste entre el resultado del alcoholímetro de muestreo y el etilómetro de precisión

 
La Sección 6ª de AP Barcelona ha dictado la Sentencia de 22 de febrero de 2012 por la que, estimando el recurso de apelación formulado por el condenado como autor de delito contra la seguridad vial del art. 379.2 CP, absuelve a éste por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al entender que, en contra de los sostenido por el Juzgador de Instancia, en modo alguno ha quedado acreditado que el acusado condujera su motocicleta bajo la influencia de bebidas alcohólicas y ello porque, en primer lugar, la condena se funda en los resultados arrojados por un alcoholímetro en la prueba de muestreo no contrastados por etilómetro de precisión y, en segundo lugar, en unos dudosos síntomas del acusado que había sufrido un grave accidente y se encontraba hospitalizado.

Por lo que respecta al test de alcoholemia la Sala estima que no se le hizo la prueba de alcoholemia en aire nada más de haber dejado de conducir, sino más de media hora después de caer de su moto dándose con la cabeza en el asfalto y habiéndose sido hospitalizado y, si se observan los resultados, la curva del alcohol era ascendente, por lo que, muy bien, mientras conducía, podía suceder que no rebasara los 0,60 mgs de alcohol/litro de aire espirado. Aún más y en este mismo sentido se declara que los resultados arrojados en prueba de muestreo, con aparato alcoholímetro, no hacen prueba en contra del acusado ya que fueron obtenidos con el aparato digital de muestreo utilizado por los agentes trasladándose con el aparato al Hospital donde estaba ingresado el acusado-conductor sometido a la prueba de detección alcohólica, pero no pudiendo contrastarse con un etilómetro de precisión debido a su estado de salud.

En este mismo sentido y por lo que respecta a los síntomas consistentes en el rostro congestionado y el hablar pastoso, tampoco acreditan la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas puesto que, a juicio de la Sala, dichos síntomas que se observan por los agentes dos horas después de que dejó de conducir, una vez que se cayó de la moto que conducía y se golpeó la cabeza contra el asfalto y una vez ingresado en el hospital bien podrían deberse a la conmoción cerebral que padeció.

 

Fuente: El Derecho.com

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