Precisiones a la doctrina de la exclusión de la patria potestad cuando la filiación se determina en juicio con oposición del demandado

La Sentencia de 16 de febrero de 2012 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, ha desestimado la petición de privación de la patria potestad de una menor en aquellos casos en los que, si bien hubo en un primer momento oposición a la paternidad reclamada, ésta desapareció ante las evidencias de la prueba biológica y el demandado los aceptó sin mayor oposición.

En el caso de autos, el demandado se opuso, en efecto, a la demanda, pero aceptó la práctica de la prueba biológica y asumió claramente los resultados que demostraron un resultado positivo sobre la paternidad de la hija menor de la actora, estando dispuesto a hacerse cargo de la niña.

Entiende el Alto Tribunal que no hubo, por tanto, en realidad, oposición del demandado frente a lo evidente y que al final resultó demostrado, no habiéndose demostrado además que el interés de la menor requiriera dicha exclusión.

Fuente: El Derecho.com

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Inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de impugnación de paternidad matrimonial

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de febrero de 2012, fija el comienzo del cómputo del plazo de caducidad de un año para el ejercicio de la acción de impugnación de paternidad matrimonial en el momento en el que la demandada reconoce abiertamente al demandante, vía SMS telefónico, la no paternidad del demandante.

Pese a que desde mucho antes al año anterior a la presentación de la demanda, el demandante debía tener serias dudas sobre su propia paternidad biológica, por lo que, a juicio de la recurrente, el plazo debería haber empezado a correr a partir las mismas, el Alto Tribunal entiende que dichas dudas nunca se materializaron, por lo que debe considerarse el inicio del cómputo el señalado.

Fuente: El Derecho.com

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Pervivencia del derecho de uso a la acción de división de la vivienda familiar atribuido en divorcio

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en Sentencia de 27 de febrero de 2012, declara la pervivencia del derecho de uso, oponible frente a terceros, sobre la que fuera vivienda familiar, atribuido en sentencia de divorcio, pese a la acción de división ejercida por la recurrente, cotitular de la misma.

Entiende la Sala que el derecho de uso fue atribuido al esposo porque ejercía en la misma su profesión de abogado y eran los suyos los únicos ingresos de la familia, de modo que un pronunciamiento distinto habría traído consigo un deterioro económico perjudicial para los propios cónyuges y, en particular, para el hijo menor. La extinción del derecho de uso no puede admitirse pese al ejercicio de la acción de división si no han mediado circunstancias modificativas que lo justifiquen.

Fuente: El Derecho.com

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Vivienda familiar y crisis de pareja:Atribución del derecho de uso

Tengo el honor de ser amiga de la abogada sevillana que ha publicado este interesante articulo.

Por Maria Pérez Galván. Abogada de Familia 

El 1 de Abril de 2011, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia que concluye que, la atribución del uso de la vivienda familiar no puede ser limitada por el Juez cuando existen hijos menores de edad.

Esta Sentencia viene a suponer un paso atrás respecto de lo que la Doctrina y los distintos Juzgados y Audiencias Provinciales venían interpretando en los últimos años haciéndose eco de la demanda social sobre la vivienda familiar.  A muchos profesionales que trabajamos en derecho de familia no nos ha gustado esta Sentencia.  El art. 96.1 del Código Civil establece que en defecto de acuerdo de los cónyuges, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden,  siendo pues una regla taxativa, que se aplica también a los casos de rupturas de uniones de hecho con hijos menores. Este precepto  no se ha reformado al modificarse el Código Civil en cuanto a  guarda y custodia compartida en el año 2005. En consecuencia, desde 1981, rige este artículo,  a pesar de lo mucho que ha cambiado la sociedad y la familia en estos años.

El primer criterio legal para la atribución del uso de la vivienda familiar,  deriva de la redacción de apartado 1 de dicho artículo 96, al señalar:  “en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado  por el juez…”, permitiendo en consecuencia el precepto que los cónyuges puedan instrumentar, a través del convenio regulador, la atribución del uso de la vivienda familiar, otorgándose así a las partes un amplio campo de libertad de pacto.  Sabemos que el acuerdo es siempre el camino deseable para resolver estas controversias en la crisis de la pareja, pero mientras  existan normas que  se presten al abuso de derecho, se seguirán planteando pretensiones  insostenibles que haga que sea el Juez el que finalmente resuelva las controversias. No es fácil encontrar resoluciones que denieguen la aprobación de clausulas sobre el uso de la vivienda en las que  las partes pactan la venta a un tercero o la adjudicación de la vivienda  al no custodio aun  con  hijos menores, pero el problema surge cuando no hay acuerdo.

En estos casos,  el interés del menor es el punto de referencia para   decidir  sobre la atribución del uso de la vivienda, sea titularidad de uno o de otro progenitor y con independencia del resto de las circunstancias de las partes.

Atendiendo a la necesidad de una reinterpretación  del art. 96 para adoptarlo  a las nuevas realidades sociológicas, la Doctrina y distintos foros, entre ellos el creado por los Encuentros  institucionales de Jueces y Magistrados de Familia, Secretarios Judiciales con Abogados de la Asociación Española de Abogados de Familia , han venido trabajando sobre ello, aprobando conclusiones, como la elaborada en 2005, : “ En  la atribución de la vivienda familiar, deben atenderse, en primer lugar, el interés más necesitado de protección, lo que no implica que no se puedan imponer límites temporales a la atribución del derecho  de uso “. En 2008, se aprobó como conclusión al respecto: “Hasta que se produzca la reforma legal del artículo 96 del Código Civil, se acuerda que el mismo sea interpretado de forma que: a) La asignación del uso exclusivo de la vivienda familiar sea un remedio subsidiario para los casos en que no se pueda garantizar de otro modo el derecho de habitación de los hijos. b) En todo caso, la asignación del uso exclusivo de la vivienda familiar, en los supuestos en que proceda, se hará siempre con carácter temporal”, siguiéndose  similares criterios en las de 2009 , siendo estos criterios los que se  han visto  reflejados en numerosas  Sentencias dictadas por los Jueces y Tribunales de Familia.  Al hilo de estas interpretaciones y criterios,  hemos conseguido alcanzar muchos acuerdos respecto del destino  final de la vivienda familiar y evitado mayores enfrentamientos, procedimientos de modificaciones de medidas, y  liquidaciones de patrimonio común.

Sin embargo,  el Tribunal Supremo con esta Sentencia que comentamos,  da un enorme paso atrás al prohibir al Juez analizar las circunstancias concretas del caso para  acordar lo procedente, salvando siempre el interés del menor, interés  que debe pasar por salvaguardar  también los del progenitor que se ve obligado a abandonar la vivienda familiar. Tras toda separación o divorcio, cada parte necesita una vivienda digna donde residir y  convivir con los hijos comunes el tiempo que proceda.  ¿ Es justo que , en base al interés del menor, se deba atribuir siempre el uso de la misma al progenitor que tenga la custodia?. ¿ Qué hacer cuando la custodia es compartida?.  ¿ Cómo resolver cuando la vivienda es titularidad de terceros?.     ¿ Qué hacer si ambos progenitores tienen vivienda propia?.  Nada alumbra esta reciente Sentencia   y  da lugar a que se sigan dando situaciones de verdadero agravio comparativo y abuso de derecho.

                Mientras tanto, sigamos intentando alcanzar acuerdos y no judicializar a las familias.·

Fuente: Diario Juridico.com

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Justicia coordina la creación de un censo de afectados por casos de “niños robados”

Los ministros de Justicia, Interior y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz, y Ana Mato, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se reunieron ayer por la  mañana con representantes de las principales asociaciones de afectados por el caso de los niños robados.

 Durante el encuentro, Ruiz-Gallardón anunció la creación de un grupo de trabajo, que coordinará el Ministerio de Justicia, en el que intervendrán también Interior y Sanidad, así como los vocales que designará para ellola Fiscalía Generaldel Estado.

 Entre las medidas concretas propuestas por Justicia destaca la de realizar un censo completo de posibles afectados, lo que permitirá concretar la dimensión real del problema. Para ello se facilitará un modelo de ficha que cada afectado deberá completar para ser incorporada a un archivo en el que se incluirá su identidad, domicilio y lugar de nacimiento o parto, así como en qué fecha y centro sanitario tuvo lugar. Incluso si sobrevive o no la persona que hasta ahora se considera progenitora y los datos que se dispongan de ella.

 En esas fichas se dará el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto, y así proceder a su cruce con los que constan en la historia clínica o en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios. Con este objetivo, Sanidad instará la colaboración de los Servicios Autonómicos de Salud y de los centros que dependan de ellos.

Monjas, imputadas

Poco antes de esta reunión de trabajo de estos Ministerios, en los juzgados de Plaza Castilla tenía lugar otro hecho relevante sobre este escabroso asunto. La religiosa María Gómez Valbuena, conocida como ‘Sor María’, se negaba a declarar este  pasadojueves como imputada ante el juez Adolfo Carretero por un delito de detención ilegal y falsedad en documentopor su implicación en el caso de los niños robados por la desaparición de una niña en la clínica Santa Cristina en marzo de 1982.

Sor María llegaba al juzgado a las 08.00 y entraba por una puerta lateral sin que nadie recayera en su llegada. Sor María se acogía a su derecho a no declarar tal y como le ha indicado su abogado José María Calero, abogado también de los padres del Marta del Castillo.

Cerca de una hora después salía acompañada por dos hermanas de su congregación y se montaba en un coche rápidamente intentando esquivar a los numerosos periodistas que se congregaban a la puerta del juzgado.

“Es una atrocidad que Sor María no haya declarado. Queremos conocer la verdad y que exista Justicia. Ayer mismo estuvimos haciendo vigilia frente al convento con lazos amarillos y tres monjas salieron riéndose. No pueden seguir riéndose de nosotros”, aseguraba la presidenta de S.O.S Bebés Robados, María Cruz Rodrigo.

Fuente: Diario Juridico.com

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