Validez como prueba de la factura confeccionada unilateralmente y no reconocida

Las facturas, aun confeccionadas unilateralmente, son documentos mercantiles que suponen un principio de prueba, gozando de una suerte de presunción de veracidad, en base a los principios de la buena fe y de seguridad comercial. Es criterio jurisprudencial unánime, que la falta de reconocimiento de una factura, como documento privado que es, no le priva de todo valor como tal, puesto que se permite que su autenticidad quede acreditada por otros medios, e incluso que sea obtenida por el Juzgador en una valoración conjunta de la misma con las restantes pruebas practicadas. Lo recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 17 de febrero de 2012.

Fuente: El Economista.es

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El Congreso aprueba el decreto sobre desahucios y dación en pago.Votos del PP, PNV y CIU

El Congreso ha convalidado el decreto ley que trata de atenuar los problemas de desahucios e impagos hipotecarios, aunque con críticas por el temor a que se deje fuera a muchas familias con dificultades.

Agencias – Madrid – 29/03/2012 – 16:32

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, defendió hoy en el Congreso el decreto, con el argumento de que favorece a familias que, por no poder hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias, sufren el riesgo de quedar excluidos socialmente.

El texto consta de dos partes, una que define qué características debe cumplir un cliente bancario para ser considerado en riesgo de exclusión, como que la vivienda afectada sea única y habitual, que todos los miembros de su familia estén desempleados y la hipoteca consuma el 60 por ciento al menos de los ingresos que percibe.

La vivienda objeto del embargo no podrá costar más de 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, ni más de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000.

Como anexo al Real Decreto, se incorpora un código de buenas prácticas que la banca puede asumir de manera voluntaria, aunque una vez suscrito su aplicación será obligatorio durante dos años.

Este código establece, por ejemplo, la obligación de refinanciar la hipoteca a las familias y en caso de que no puedan pagar les aplicará una quita o, en caso de impago, se podrá entregar la vivienda en dación en pago.

En este caso, la entidad está obligada a dejar que la familia permanezca un tiempo en la casa con el abono de un alquiler razonable.

Pese al apoyo que dio al texto el PNV, su diputado Pedro María Azpiazu reconoció que el texto “era una mala solución”, y dijo que era “muy restrictiva”, en especial por la barrera que imponía el precio de la vivienda.

“En Bilbao, en Vitoria-Gasteiz no existen viviendas a estos precios (menos de 200.000 euros) aunque sean modestas. Se está dejando a mucha gente fuera”.

Más explícito fue el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, quien aseguró que la ley “no beneficiará prácticamente a nadie”.

“En el PSOE estamos convencidos de que no afectará a más del 4 por ciento de las familias que podrían ser consideradas en el umbral de exclusión”, porque el resto, pese a sus penurias económicas, no cumple con el requisito de que su hipoteca suponga al menos el 60 por ciento de sus ingresos.

“No vamos a apoyar esta reforma, porque contiene mucho humo, demasiado humo, más humo del que sobra en Madrid”, dijo el exministro, quien considera que los precios elevados en la capital hacen que también queden excluidas muchas familias.

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán también cree que “decenas de miles de familias que están sufriendo la crisis quedan excluidas del real decreto”.

“No sé en qué ciudades hay apartamentos por estos precios -dijo el diputado dirigiéndose al ministro De Guindos- pero si lo saben, que lo publiquen en el BOE, porque es una información confidencial de la que queremos beneficiarnos todos los españoles”.

Para Martínez Gorriarán, el real decreto “no es más que una operación cosmética para las entidades que han creado el problema (hipotecario) y para el Gobierno, que va a su rescate”.

El representante de CiU, Pere Macias Arau, reconoció que no comparte la totalidad del Decreto Ley, pero agradeció la celeridad con que el Gobierno de Mariano Rajoy ha abordado el problema y dio su apoyo expreso.

El diputado del PP y portavoz de la Comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte, tomó la palabra para quitar importancia al hecho de que el Código de Buenas Practicas Bancarias sea voluntario, porque lo ha suscrito la mayoría de las entidades.

Fuente: Cinco Dias.com

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Amnistía fiscal: 10% por regularizar capitales

El Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal que permitirá regularizar dinero de fuera de España y también de dentro a cambio de pagar un 10%. Espera lograr 2.500 millones por ello, lo que implica aflorar 25.000 millones. No habrá subida del IVA, pero sí más presión fiscal para las grandes empresas, que tributarán 5.350 millones más. También sube el tabaco.

I. Abril – Madrid – 30/03/2012 – 14:37

No solo de reducciones de gasto vive el hombre, ha venido a decir Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, para explicar las medidas tributarias aprobadas por el Consejo de Ministros para cumplir con el déficit. Y también que las situaciones desesperadas requieren actuaciones despeseradas. El resultado de esa ecuación es la puesta en marcha de una amnistía fiscal para repatriar capitales que están en el extranjero y para aflorar el dinero negro que está en España por un total de 25.000 millones, según ha anunciado el Gobierno. A cambio de pagar un 10% en impuestos, el dinero quedará limpio de polvo y paja y el contribuyente en cuestión estará regularizado de cara el Fisco nacional. El Gobierno espera recaudar 2.500 millones con ello.

“¿Estamos ante una amnistía fiscal?”, ha preguntado un periodista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montoro no lo ha negado: “Estamos ante una regularización fiscal, que es extraordinaria, que se ha hecho otras veces en España y en otros países. Hay que aumentar los ingresos”. Es más, el ministro se ha aferado a organismos como la OCDE, que recomiendan esta medida para países con problemas.

La amnistía afecta a los contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Hacienda endurecerá el régimen sancionador tributario en 2013, pero con anterioridad “permitirá una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario del 10% del importe de los bienes y derechos aflorados”, explica el Gobierno. Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria. El plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.

Esta es la iniciativa más llamativa de una reestructuración de los ingresos tributarios que pretende recaudar 12.300 millones adicionales este año. De esta cantidad, 4.100 millones proceden de la subida del IRPF anunciada en diciembre.

De lo que queda, buena parte procederá de los cambios en el Impuestos de Sociedades, así que afectará a las empresas. Unos 5.350 millones saldrán de aquí. El tipo no se sube, pero se limitan las deducciones y otras partidas. Por ejemplo, la deducibilidad del fondo de comercio baja del 5% al 1%. “Se trata de fijar la misma limitación que determinó el Real Decreto de 2011 para el fondo de comercio financiero y hacerla extensiva a los demás fondos de comercio con efecto fiscal”, ha explicado el Gobierno. Tendrá efectos para 2012 y 2013. También se constriñe la posibilidad de deducirse el gasto financiero, que queda en el 30% del Ebitda. Además, la libertad de amortización se suprime, solo queda para las pymes que creen empleo; se cambia el régimen de pagos fraccionados, y se reduce la cuantía de las deducciones, cuyo límite general pasa del 35% al 25%, aunque solo para 2012 y 2013 en este último caso.

También hay una especie de amnistía para la repatriación de dividendos de las filiales extranjeras de las empresas, en concreto para aquellos que procedan de paraísos fiscales. Podrán traerlos a España pagando un 8%.

Por último, se subirá algún impuesto especial, como el que afecta al tabaco, que supondrá una recaudación adicional de 200 millones. Se reduce dos puntos el tipo proporcional, que depende del precio de venta, y se incrementa a su vez el tipo específico vinculado con el número de unidades.

Fuente: Cinco Dias.com

La amnistía fiscal no valdrá para contribuyentes en proceso de investigación

La amnistía fiscal parcial aprobada ayer por el Gobierno no se aplicará a aquellos contribuyentes a los que ya se hubiera notificado por parte de Hacienda el inicio de procedimientos de comprobación o investigación para determinar las deudas tributarias correspondientes.

 Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) que hoy publica el real decreto ley que recoge las medidas tributarias para reducir el déficit público aprobadas ayer por el Consejo de Ministros.

Según el BOE, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar una declaración para regularizar su situación tributaria.

Para ello, deben ser titulares de tales bienes o derechos con anterioridad al término del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.

Estos contribuyentes deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos el porcentaje del 10 %.

Con esta amnistía fiscal parcial, que finaliza el 30 de noviembre, el Gobierno confía en recaudar 2.500 millones.

Fuente: El Economista. es

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Suben las tasas judiciales, sobre todo en segunda instancia

El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley de tasas judiciales que eleva su cuantía y que afectará a las jurisdicciones Civil, Contencioso-Administrativa y segunda instancia de lo Social. Esta actualización de las tarifas “pondrá el acento” en la segunda instancia.

Cinco Días – Madrid – 30/03/2012 – 14:47

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de tasas judiciales, que tiene como objeto “ajustar lo que pagan por los litigantes a los costes del servicio”, de forma que con los ingresos se mantenga y refuerce el derecho a la justicia gratuita que prestan los abogados de oficio.

Así lo acaba de anunciar la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien especificó que este aumento de las tasas afectará a las jurisdicciones de lo Civil, lo Contencioso- Administrativo y la segunda instancia de lo Social. Esta actualización de las tarifas judiciales “pone el acento en la segunda instancia” para evitar la excesiva judicialización, cuando ya se tiene una sentencia en la mano

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El Gobierno permitirá a los ayuntamientos cobrar más por el impuesto de plusvalía

Raquel Díaz Guijarro – Madrid – 30/03/2012 – 12:30

La plusvalía municipal no grava la plusvalía real del terreno (valor de transmisión – valor de adquisición), sino una estimación que la ley hace de la misma a partir del valor catastral del terreno, valor que se revisa cada 10 años.

Para fijar la cuota del tributo (el importe que debe abonarse al Ayuntamiento) de conformidad con la Ley se debe aplicar un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble en el momento de la transmisión. Este porcentaje varía en función de los años transcurridos entre el momento de la adquisición y el de la venta.

Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, la cuota a pagar máxima de un inmueble en la actualidad es el 3% del valor del terreno, y para ello deben haber transcurrido más de 20 años entre la compra y la venta (el ITP o el IVA es el 7% y 8% respectivamente del valor total del inmueble (no solo del terreno).

Por lo tanto, la cuota depende del valor catastral del suelo. En este sentido hay que recordar que este valor, una vez determinado por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es válido durante un periodo de 10 años, según confirman a CincoDías.com las fuentes consultadas.

Sin embargo, la Ley de Haciendas Locales en su artículo 107.3 obliga a reducir este valor entre un 40% y un 60% durante los cinco primeros años de entrada en vigor de una revisión catastral, lo que carece de toda lógica tributaria en un impuesto que no se cobra periódicamente, según admiten los expertos consultados.

La modificación aprobada hoy por el Consejo de Ministros consiste en convertir la vigente reducción del 40% al 60% obligatoria aplicable cuando se modifican los valores catastrales en potestativa para los ayuntamientos, según confirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo. De esta forma, se evitará que la transmisión del mismo inmueble en el sexto año desde la entrada en vigor de la nueva ponencia de valores tribute un 67% más que si se transmite en el quinto año, lo que, según los expertos, también carece de toda lógica tributaria.

En importancia cuantitativa, la plusvalía municipal es el cuarto de los cinco impuestos municipales, al situarse en cuanto a su recaudación en 1.233 millones de euros en 2009, casi en el mismo nivel que el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (1.187 millones). Representa el 2% de los ingresos totales de los municipios, pero en tiempos de miseria como los actuales, todo balón de oxígeno es bien recibido.

Fuente: Cinco Dias.com

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